El impacto del consumo de drogas ilegales entre jóvenes de 14 y 18 años sigue siendo muy importante en Castilla y León. De hecho, y aunque los consumos están por debajo de la media nacional, las edades de inicio en la ingesta son aún muy precoces, en torno a los 14 años, y los jóvenes de hasta 18 años que consumen cannabis de forma habitual rondan el 22 por ciento en la comunidad. Estos niveles han convertido a esta droga en la tercera entre los adolescentes de Castilla y León, por detrás del alcohol y el tabaco.
La edad de inicio en el consumo de esta droga se sitúa alrededor de los 14 años en Castilla y León, y crece de una manera considerable con la edad. A los 14 años, el 14,1 por ciento de los estudiantes ha consumido cannabis alguna vez y el 7,5 por ciento lo hace de manera habitual, un porcentaje que a los 18 años se eleva hasta el 46,8 por ciento de forma esporádica y hasta el 22,1 por ciento de manera frecuente. Por eso, se estima que las edades críticas en la expansión del consumo de cannabis son de los 15 a los 17 años.
Es posible afirmar que la edad de inicio en el consumo de drogas ilegales ha evolucionado de manera negativa, salvo en el caso de las drogas de síntesis, tal y como recoge el VI Plan Regional sobre Drogas (2009-2013). En Castilla y León la edad de inicio es ligeramente más temprana que en el conjunto de España, excepto la cocaína. A alrededor de los 14 años se comienzan a consumir hipnosedantes sin receta y cannabis, y sobre los 15 es la edad de inicio de la cocaína, las anfetaminas y los alucinógenos.
Después del alcohol y el tabaco, el cannabis se ha convertido en la droga más consumida entre los adolescentes de Castilla y León, y la que ha experimentado un importante crecimiento entre los jóvenes. De hecho, en los últimos años ha pasado de ser poco consumida a ser una de las más habituales.
Pero también otras sustancias como los alucinógenos, las anfetaminas o las drogas de síntesis, prácticamente desconocidas hace años, en la actualidad están bastante difundidas. Entre los estudiantes que consumen varias drogas, la asociación más frecuente es el consumo de bebidas alcohólicas y cannabis, con un 76,2 por ciento, seguida del consumo de alcohol y otras drogas, con un 11,6 por ciento.
Ante estos datos, el Procurador del Común ha promovido el necesario progreso en la orientación de las políticas desarrolladas frente a este problema en la comunidad, con una estrategia “más eficaz” y que sea capaz de modificar la situación actual mediante el esfuerzo “conjunto y coordinado” de las administraciones competentes, de los agentes privados, los padres, educadores y de la sociedad.
En general se entiende que durante años se ha venido consolidando un patrón de conducta caracterizado, en muchos casos, por el consumo abusivo de alcohol durante los fines de semana y una alta frecuencia de episodios de embriaguez, acompañado de un consumo de cannabis, anfetaminas, éxtasis y similares, un patrón ya relacionado en muchos casos con la especial forma de divertirse y de disfrutar el ocio y tiempo libre.
Para ello, se ha formulado una resolución a las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, Sanidad y a la de Educación, así como a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la comunidad, para seguir avanzando en la reducción de la demanda y oferta de drogas ilegales, en la elevación de la percepción del riesgo asociada al consumo, en la disminución de la accesibilidad percibida, en el retraso de la edad de inicio, en la reducción de los daños asociados y en el aumento de las conductas de ocio saludable.
Recomendaciones
Las recomendaciones del Procurador del Común se han realizado en varios ámbitos para seguir avanzando en la reducción de la demanda y oferta de drogas ilegales, en la elevación de la percepción del riesgo asociado al consumo, en la disminución de la accesibilidad percibida, en el retraso de la edad de inicio en el consumo y en la reducción de los daños asociados a éste o el aumento de las conductas de ocio saludable.
En lo que a las administraciones se refiere, propone el fomento de la mejor coordinación entre los órganos de la administración autonómica y la local para impulsar una intervención “integral” y fijar las pautas que permitan evaluar los logros conseguidos y corregir las deficiencias detectadas. También plantea intensificar y mejorar la coordinación y cooperación del Comisionado Regional para la Droga en Castilla y León con las administraciones públicas y entidades privadas para la intervención en drogodependencias.
En relación a la prevención del consumo de drogas, las recomendaciones se centran en la promoción de una mayor conciencia social en general, prestar especial atención a la información sobre esta problemática, favorecer la participación activa en los programas diseñados para la prevención del consumo de drogas ilegales o el desarrollo de intervenciones para aumentar las capacidades de resistencia a la oferta de drogas o poner en marcha programas de prevención con el consiguiente seguimiento y evaluación.
Otras de las opciones propuestas consisten en la puesta en marcha de programas de prevención selectiva para menores especialmente vulnerables o en zonas donde haya graves riesgos de exclusión, desarrollar medidas de prevención eficaces en el ámbito familiar o programas dirigidos a la población adolescente consumidora, con problemas de comportamiento o de justicia derivados del consumo.
En lo que a la formación de los agentes se refiere, se propone ampliar la formación de los profesionales de este ámbito mediante el diseño de las planificaciones que cubran las necesidades de este campo. Por último, también se incide en la importancia de aumentar la investigación epidemiológica y social desarrollada para conocer en mayor medida los aspectos relacionados con las drogas ilegales, su consumo, prevención y tratamiento.
Apoyo familiar
Dentro del ámbito familiar se hacen necesarias la adopción de diferentes medidas que permitan asesorar y orientas a las familias para que éstas puedan superar los factores de riesgo relacionados con los consumos de drogas ilegales o, al menos, gestionar mejor las conductas conflictivas que van asociadas a estos consumos. La formación y la participación de las familias en un proyecto coordinado de prevención se hace fundamental, finalizando con un sistema final de evaluación de los resultados.
También sería relevante trabajar en el ámbito escolar, dando a conocer a los centros las pautas e instrumentos pedagógicos eficaces para superar los factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas ilegales, dar la formación necesaria al profesorado para que se impliquen en la prevención, otorgar los apoyos necesarios para el desarrollo de programas de prevención o prestar apoyo a los centros en los que estén escolarizados menores en situación de riesgo de exclusión y especialmente vulnerables.
