El incremento de la morosidad, de los desahucios y de la conflictividad laboral, unido a un mayor cifra de parados y de personas con escasos recursos económicos, son los principales ingredientes de un caldo de cultivo que ha motivado que desde el inicio de la crisis se disparen las solicitudes de justicia gratuita, un derecho garantizado por la Constitución. En el caso de Castilla y León, las peticiones se han incrementado un 30 por ciento al pasar de algo más de 27.500 expedientes tramitados en 2008, a casi 36.000 el pasado año.
Por provincias, el mayor incremento porcentual se registró en Zamora con un 74 por ciento, al pasar de los 1.097 expedientes del 2008 a los 1.909 del 2011, por delante de Segovia, que registró una subida del 57,4 por ciento -1.440 expedientes en 2008 y 2.267 el pasado año-. Por el contrario, en este periodo la menor subida la experimentó Soria, con un 3,15 por ciento, donde de los 985 expedientes tramitados en 2008 se pasó a 1.085 en 2011, por delante de Ávil,a con un incremento del 14,7 por ciento (de 1.983 se subió a 2.275) y Salamanca, donde se elevaron un 16,3 por ciento (de 5.080 a 5.910).
En Valladolid, la subida fue del 27 por ciento -de 5.918 a 7.519-, algo superior fue en León, un 28,4 por ciento, al crecer de 5.705 a 7.328, y del 34,5 por ciento en Palencia -1.604 a 2.158-. En el caso de Burgos, la subida entre 2008 y 2010 fue del 43,3 por ciento, ya que se pasó de 3.751 expedientes tramitados a 5.376.
El salmantino Luis Nieto, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía, asegura que “además del incremento del número de personas que pueden acceder a los servicios de la justicia gratuita como consecuencia de la subida del desempleo y el consiguiente descenso de las rentas familiares, la propia crisis también ha motivado que se disparen ciertos tipos de litigio: despidos, desahucios, impagos, expedientes de regulación de empleo”. De todas formas, Luis Nieto matiza que, analizando la evolución en la última década, el incremento de los expedientes de justicia gratuita también se debe a las continuas reformas judiciales que han “ampliado los derechos de los ciudadanos”. Entre estas citó en primer lugar a la violencia de género, por delante de los juicios rápidos o las modificaciones en las leyes de extranjería o menores.
Nieto aseguró que gracias al esfuerzo de miles de abogados del turno de oficio, el sistema de justicia gratuita en España es uno de los más avanzados de Europa y “uno de los más garantes con los derechos de los ciudadanos”. En este sentido, también matizó que el tópico de que el abogado que se apunta al turno de oficio es el joven que acaba de empezar en la profesión es totalmente falso, ya que la normativa establece que sólo se pueden apuntar los abogados que lleven más de tres años ejerciendo. “Haciendo un retrato robot podríamos decir que el abogado del turno de oficio tiene una edad de 43 años y lleva ejerciendo la profesión unos trece años y medio”. Además, también destacó que el esfuerzo de los abogados del turno de oficio, servicio que apenas recibe quejas por parte de los ciudadanos, viene acompañado por unos salarios muy por debajo de los honorarios normales. En el caso de Castilla y León, donde las competencias de Justicia no están trasferidas, un abogado del turno de oficio cobra del Estado en torno a 250 euros por caso, cuantía «muy inferior» a la que se percibe por un procedimiento normal.
Coste
Además de los expedientes, otro dato que demuestra que la crisis ha disparado la demanda de la justicia son los gastos que genera. Mientras en el año 2006 su coste apenas superó los cinco millones de euros en Castilla y León, esta cifra se elevó en 2010 8,31 millones, el 3,2 por ciento del gasto total del país, según se extrae del V Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). En total, la inversión de las administraciones públicas en la gestión de la asistencia jurídica gratuita durante 2010 en España supusieron 256,6 millones de euros.
Requisitos
Los requisitos para poder beneficiarse de la justicia gratuita, servicio que gestionan los colegios de abogados, pasan fundamentalmente por la fuente de ingresos. Para tener derecho gratuito a un abogado del turno de oficio hay que acreditar que los recursos e ingresos computados anualmente por toda la familia no superan el doble del salario mínimo interprofesional -fijado este año en 641 euros-. En el caso de personas jurídicas el límite se marca en la cantidad anual equivalente al triple del salario mínimo.