El AMPA del CEIP Fray Juan de la Cruz (La Aneja) ha pedido «respeto institucional» y una solución estable para el uso del gimnasio del edificio Santiago Hidalgo, en el marco del conflicto que mantiene con la Universidad de Valladolid (UVa). La asociación de familias asegura valorar positivamente que el centro pueda seguir utilizando el espacio hasta final de curso, pero advierte de que se trata de una medida temporal que no resuelve el problema de fondo.
En un comunicado remitido a los medios, el AMPA sostiene que la prórroga hasta el final del curso 2025/2026 es «un parche», ya que si no se alcanza un acuerdo definitivo el colegio podría volver a quedarse sin gimnasio a partir de septiembre de 2026.
Las familias defienden que su postura no responde a una confrontación con la universidad, sino a la defensa de los derechos del alumnado. «No somos un AMPA contra la UVa: somos una comunidad educativa defendiendo derechos básicos», señalan, subrayando la importancia de que la educación física y la actividad escolar no dependan de prórrogas o decisiones de última hora.
La asociación también rechaza de forma «rotunda» las acusaciones de «hostilidad» que, aseguran, se han trasladado en el debate público. Según el AMPA, su actuación ha sido «firme, persistente y pacífica», basada en la solicitud de reuniones, información y documentación y propuestas por los cauces oficiales.
Además, cuestionan que la universidad tenga un derecho de uso preferente sobre el edificio donde se ubican el gimnasio y el salón de actos. De acuerdo con la documentación que afirman haber analizado, la titularidad del inmueble correspondería a la Junta de Castilla y León y el espacio habría sido concebido originalmente para un uso compartido entre el colegio y la antigua Escuela de Magisterio.
Por ello, el AMPA reclama la creación de una mesa institucional en la que participen la Junta, la Dirección Provincial de Educación, la Universidad, el Ayuntamiento de Segovia y representantes del centro educativo y de las familias. El objetivo sería alcanzar un acuerdo estable de uso compartido del edificio a partir del curso 2026/2027.
Mientras tanto, la comunidad educativa insiste en la necesidad de adoptar medidas provisionales que garanticen el desarrollo normal de la actividad escolar. «No pedimos privilegios: pedimos lo mínimo para que la escuela pública no sea la última prioridad», concluye el comunicado.
