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Segovia cuenta actualmente con 978 viviendas turísticas activas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra coloca a la provincia en una posición intermedia dentro de Castilla y León, en un contexto de crecimiento sostenido del alquiler turístico y en paralelo a la progresiva implantación del Número de Registro Único de Alquiler (NRUA), un requisito imprescindible desde el 1 de julio para anunciar estancias de corta duración en plataformas digitales como Airbnb, Booking, Expedia, HomeToGo o Tripadvisor.
En el conjunto de la Comunidad ya se han inscrito 4.044 viviendas turísticas con declaración definitiva y otras 352 mantienen un estado provisional. El control administrativo también es significativo: 1.048 solicitudes han sido rechazadas, lo que supone un 19,2% del total. Este porcentaje es prácticamente idéntico al registrado en el conjunto de España, donde el nivel de revocaciones se sitúa en el 19,9%. El Ministerio de Vivienda ha comunicado a las plataformas que deben retirar los anuncios que no cuenten con NRUA válido, de manera que cualquier piso turístico sin código se considera directamente ilegal y no puede operar en estos portales.
Los rechazos del NRUA suelen producirse por la falta de licencia o declaración responsable, por la existencia de prohibiciones o limitaciones recogidas en los estatutos de la comunidad de propietarios, por la ausencia de autorización vecinal cuando la actividad turística se inicia después del 3 de abril de 2025, o por la falta de legitimidad del solicitante cuando no coincide con el titular registral o no cuenta con facultad legal para subarrendar. También se deniega cuando la vivienda está vinculada a programas de protección oficial, iniciativas de coliving u otros modelos de uso obligatorio.
La herramienta del NRUA se considera decisiva en la nueva etapa del mercado del alquiler turístico. Permite identificar cada vivienda de manera individual, verificar su validez jurídica y garantizar la transparencia fiscal del sector. La revista Registradores de España subraya que se trata de un sistema que aporta “seguridad y trazabilidad” y que marca “un antes y un después” en la regulación del alquiler de corta duración, al permitir al registrador conocer en tiempo real si la finca está sujeta a alguna prohibición estatutaria o si el alojamiento puede operar con plena validez.
El Ministerio de Vivienda defiende que el registro único forma parte de una estrategia para reforzar la función social de la vivienda, frenar la expansión de pisos turísticos irregulares y garantizar un equilibrio entre actividad turística y acceso a la vivienda residencial. Según el Gobierno, la proliferación de apartamentos ilegales altera la convivencia, tensiona los precios y puede reducir la disponibilidad de viviendas para familias que buscan alquiler estable.