El delegado territorial de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar, y los responsables de los departamentos de Familia e Igualdad de Oportunidades, José María Sanz; Sanidad y Bienestar Social, Javier Coco; y el gerente de Salud de Área, Carlos Sanz, suscribieron el 22 de septiembre, un acuerdo de colaboración con el presidente de Cruz Roja Española en Segovia, José Luis Muñoz, para acometer un proyecto conjunto que contribuya a la accesibilidad de los drogodependientes adictos a opiáceos, a los programas de tratamiento con metadona que desarrolla Cruz Roja Española en la provincia.
Con la firma de este convenio, la Administración regional se compromete a poner los medios personales y materiales para recoger la metadona en bruto, someterla a tratamiento en el Hospital General, para ponerla en condiciones de ser utilizada, y, por último, entregarla al personal habilitado por Cruz Roja. Por su parte, Cruz Roja se compromete a recoger la metadona en las instalaciones del Complejo Hospitalario y asumir las tareas de todo orden inherentes a su dispensación. El abono de los gastos correspondientes a la adquisición de la metadona en bruto se distribuye a partes iguales entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y Cruz Roja Española.
También, a través del convenio de colaboración suscrito, se constituye una Comisión de Seguimiento y Control para llevar a cabo, principalmente, las funciones de interpretación y desarrollo del acuerdo; y la evaluación de las acciones reflejadas en el mismo.
Por último, el acuerdo incluye el compromiso de las dos partes a guardar la más estricta obligación de confidencialidad respecto a todo tipo de información a la que puedan tener acceso como consecuencia de la ejecución del convenio.
El avance en el colectivo de consumidores de drogas de patologías de carácter infeccioso ha determinado que los tratamientos con sustitutivos opiáceos no sólo sean considerados como una modalidad terapéutica válida en el tratamiento de las drogodependencias, sino también como una acción preventiva dirigida a controlar la transmisión de dichas enfermedades dentro de un marco de salud pública. A esto hay que añadir que los tratamientos con sustitutivos opiáceos suponen en muchos casos un factor de estabilización personal que impide o revierte procesos de exclusión social.
De igual forma, la necesidad de disponer de una diversificada oferta terapéutica, en la que tengan cabida programas de un diferente nivel de exigencia, orientada a atender las necesidades del mayor número posible de drogodependientes, han fortalecido el papel y la utilización de los tratamientos con sustitutivos opiáceos, como lo demuestra el número creciente de tratamientos y de centros acreditados para desarrollar este tipo de servicios terapéuticos.