La Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael ha denunciado a la Subdelegación del Gobierno ante el Defensor del Pueblo. Justifica la denuncia «por las prohibiciones de las dos manifestaciones convocadas el pasado agosto por el Ayuntamiento de El Espinar, prohibiciones decretadas por el subdelegado accidental del Gobierno en Segovia Francisco Javier de Santos Pérez».
Concretamente, denuncia que la Subdelegación del Gobierno en Segovia prohibió «ilegalmente las dos manifestaciones al utilizar de forma espuria el artículo 10 de la LO 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión (LRDR)». Según la Plataforma, la Subdelegación utilizó «como único argumento a que manifestarse en la carretera Nacional 6 provocaría grandes retenciones de tráfico». Sin embargo, en opinión de la Plataforma, «está claro que la afectación al tráfico vial de una manifestación, por muy incisiva que pueda ser, no entra dentro del motivo de prohibición del artículo 10 LRDR». De este modo, la Plataforma entiende que «una retención vial a causa de una manifestación no supone una razón fundada de que pueda producir alteraciones del orden público, y mucho menos con peligro para personas o bienes».
Además, recuerda a la Subdelegación del Gobierno que la LRDR contempla la posibilidad de que se proponga otra fecha o lugar para este tipo de manifestaciones, y la Subdelegación no lo hizo.
Así, la Subdelegación «no propuso ninguna modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la manifestación, hecho mucho menos restrictivo que la simple prohibición de la manifestación», recalca la Plataforma.
Al tiempo, subraya que «el artículo 10 LRDR establece que esta propuesta de modificación debe de partir de la propia autoridad gubernativa». Por tanto, no es el convocante el que debe proponer cambios en horarios, fechas o lugares.
Artículo 21 de la Constitución Española
Por ello, consideran que «se ha producido una grave vulneración del derecho fundamental a la manifestación recogido en el artículo 21 de la Constitución». Apuntan que «el Estado es la Administración competente para poner solución al problema de seguridad vial en la Travesía de San Rafael». Y «no solamente no realiza ninguna actuación desde hace décadas para dar una solución definitiva». Sino que, añaden, «además prohíbe ilegal y reiteradamente la celebración de manifestaciones. La Plataforma recuerda que los vecinos de San Rafael sólo demandan una «solución definitiva a dicho problema». Y, por ello, «reclaman a esa misma Administración que abandone su dejación de funciones».
Lamentan, además, que «irónicamente, para argumentar estas prohibiciones, la Subdelegación utiliza precisamente como único argumento la existencia de ese problema». Es decir, «la gran cantidad de tráfico existente en la travesía de San Rafael».
Por tanto, califican este hecho de «simplemente intolerable en un estado de Derecho».
También reproches al alcalde de El Espinar
Por último, desde la Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael reprochan al alcalde del Ayuntamiento de El Espinar, Javier Figueredo.
Por un lado, «el no haber ejercido su derecho a recurrir en los tribunales las ilegales prohibiciones de las manifestaciones por parte de la Subdelegación».
También critican «el rápido incumplimiento de su palabra dada el pasado agosto». Entonces, Figueredo, «se comprometió públicamente a convocar dos manifestaciones mensuales en la travesía de San Rafael hasta que el Gobierno diera una solución al problema».
