La Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, integrada en FES, considera negativa la nueva normativa que quiere implantar el Ministerio de Interior a partir del próximo 1 de octubre, que obligará a los establecimientos de hospedaje a pedir a sus clientes datos como el teléfono móvil, el correo electrónico o los métodos de pago.
La nueva normativa de control de datos turísticos
La Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, apoyándose en la nueva normativa del Real Decreto 933/2021, quiere poner en marcha una nueva herramienta informática para el traslado de datos de los viajeros que pernocten en los establecimientos turísticos.
Esta aplicación conlleva la obligación por parte de los propietarios de estos alojamientos de realizar labores de control mucho más grandes que con el actual aplicativo de gestión de viajeros, no sólo transfiriendo datos que antes no se pedían, sino multiplicando el número de veces en el tiempo que hay que transferirlos.
Malestar en el sector del turismo rural
Según la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, «el sector de los Alojamientos Turísticos Rurales, con una gestión informatizada de este tipo de aplicativos muy inferior al de otros tipos de alojamientos turísticos, se verá tan afectado por esta imposición de la Secretaría de Estado de Seguridad que les resultará prácticamente imposible adaptarse a estas nuevas exigencias».
La Asociación también puntualiza que en el mundo rural «la mayor parte de los propietarios de los alojamientos de turismo rural tienen un mínimo conocimiento de las herramientas de digitalización requeridas para implementar el control añadido que se exige».
Gerardo Otero, presidente de la asociación, considera que «es una medida que será imposible de cumplir y, además, restará competitividad y restará clientela».
«Nuevas molestias para los clientes»
Otero señala también que estos nuevos requisitos «suponen nuevas molestias para los clientes a los que se les pedirá varias veces la información personal por los diferentes operadores que intervienen como agencias de viajes, portales de reservas, Otas, empresas de alquiler de coches, campings, etc».
Y a todo ello, añade que supone una «mayor dificultad para cumplir con la custodia de todos esa información, como marca la Ley de Protección de Datos».
Más voces en contra de esta nueva normativa
La Asociación Española de Turismo Rural, ASETUR, también se muestra en contra de esta nueva normativa y solicita que no se ponga en marcha. Además, solicita una reunión con la Secretaría de Estado para que «nuestro sector de Alojamientos de Turismo Rural sea escuchado».
También han expresado su malestar otros colectivos vinculados con los alojamientos turísticos.