El Comité Electoral Autonómico se reunirá el 4 de febrero para proponer la candidatura de Juan Vicente Herrera, por tercera vez, a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por el Partido Popular en las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo, según confirmaron a Ical fuentes del partido. La reunión se celebrará una hora antes de la Junta Directiva Autonómica, convocada para el mismo día para ratificar al candidato.
El Partido Popular de Castilla y León, después de la elección de los nueve candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia, arranca la selección de candidaturas a las presidencias de las diputaciones y a las Cortes de Castilla y León, así como el proceso electoral de elaboración del programa electoral.
La Junta Directiva Autonómica, de la que forman parte los miembros del Comité Electoral, procuradores y parlamentarios nacionales, alcaldes y portavoces de municipios de más de 20.000 habitantes y representantes de Nuevas Generaciones, tiene también en su orden del día la aprobación de la estructura y de las personas que formarán el comité de la campaña electoral, según informaron fuentes populares. En la misma sesión, presentarán sendos informes el secretario autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente, Juan Vicente Herrera.
Según los nuevos estatutos del partido, la Junta Directiva Autonómica, como máximo órgano de dirección entre congresos, tiene entre sus funciones proponer al Comité Electoral Nacional el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, función que se incluyó en el último congreso autonómico.
De manera que una vez que el Comité Electoral Autonómico, citado a las 10.00 horas, que preside la consejera de Agricultura y Ganadería y procuradora por Segovia, Silvia Clemente, realice la propuesta, será la Junta Directiva quien ratifique la candidatura de Juan Vicente Herrera, que algunas fuentes no dudan en que será por aclamación.
Aunque en el PP de Castilla y León no se contemplaba otro escenario que la presentación de Herrera para un nuevo mandato, el presidente de la Junta se ha mostrado prudente con los tiempos del partido y con las decisiones de los órganos internos y no ha anunciado públicamente su deseo de repetir.
Esa reserva de Herrera ha motivado cierta decepción en miembros de su partido, como se observó, por ejemplo, en la convención que celebró el partido en mayo de 2009 en Burgos o el último acto del PP el pasado mes de diciembre, en ambos casos con la asistencia de Rajoy, y donde cargos populares consultados esperaban que el presidente de la Junta hiciera el anuncio de volver a repetir.
Será así la tercera vez consecutiva que Juan Vicente Herrera asume el cartel electoral del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, después de las citas de 2003 y 2007, en las que renovó la mayoría absoluta y mantuvo los 48 procuradores en las Cortes conseguidos en 1999 por Juan José Lucas.
Herrera llegó a la Presidencia de la Junta en marzo de 2001, después de que Lucas fuera nombrado ministro en el Gobierno de José María Aznar. Procurador por Burgos, desde 1995, provincia por la que volverá a encabezar la lista en mayo de 2011, en ese momento era portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, su carrera política se inició en la Consejería de Economía y Hacienda, cuando el entonces consejero Fernando Bécker le llamó en junio de 1992 para ocupar la secretaría general de este departamento. De ahí pasó a las Cortes, como procurador y portavoz del grupo y también fue presidente del PP en Burgos y vicesecretario de Acción Parlamentaria en la ejecutiva autonómica. Desde abril de 2001 es también presidente del PP de Castilla y León, reelegido en el último congreso celebrado en otoño de 2008.
Herrera, que en su primer discurso de investidura marcó unas líneas con límite hasta 2011, ha apostado por las políticas de población, apoyo a la familia, con la creación de una consejería específica en 2003, servicios sociales y diálogo con patronal y sindicatos. En las Cortes, se regularizó la celebración anual del debate sobre el estado de la comunidad, que en la anterior etapa no figuraba en el Reglamento del Parlamento y sólo era competencia del presidente su convocatoria. También aceptó responder a una pregunta de los portavoces en cada pleno de la Cámara.
