Cuando se cumple el décimo aniversario del fin de la violencia etarra, el dolor que sembró la banda terrorista sigue muy presente en Castilla y León, la comunidad que después del País Vasco más sufrió la sinrazón de la violencia durante casi medio siglo.
De los 857 asesinatos cometidos por ETA entre 1960 y 2009, según se recoge en el libro ‘Vidas rotas’ de Rogelio Alonso, Florencio Domínguez y Marcos García Rey, 138 eran naturales de Castilla y León, lo que supone el 16,1 por ciento del total. En esta trágica clasificación la Comunidad solo se sitúa por detrás del País Vasco, con 178 asesinatos (20,77 por ciento) y por delante de Andalucía que, con 121 víctimas ocupa el tercer lugar.
El presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, reconoce que, como no podía ser de otra forma, el dolor, la rabia y la impotencia de las víctimas sigue latente, pero recalca que lo importante es que la sociedad tenga el cuenta el papel que las víctimas jugaron en la Transición y, sobre todo, “que nunca olviden nuestro dolor para que algo así no se vuelva a repetir”.
Además de reclamar la aplicación y la reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, aprobada por consenso parlamentario en 2011 para ayudar a heridos, viudas y huérfanos, Nogales también pide al Estado que, tal y como ha solicitado el Parlamento Europeo, se investiguen los más de 300 asesinatos de ETA que siguen sin resolverse. En este sentido, argumenta que es ilógico que función de si el asesinato o el atentado está esclarecido y si hay sentencia judicial al respecto, las víctimas tengan derecho o no a ciertos niveles de ayuda
A su vez, Nogales recrimina que el Estado permita los actos de homenaje a los presos etarras condenados por crímenes, cuando hay una ley que prohíbe los actos de enaltecimiento del terrorismo. “Para nosotros es una humillación ver la pasividad de las instituciones a la hora de aplicar la ley”.
Desde hace siete meses, Nogales, un policía nacional al que un atentado etarra en Pamplona le truncó de raíz su carrera, preside la AVT Castilla y León, un colectivo integrado por 137 socios y que en la actualidad está trabajado por crear una estructura permanente alrededor de la sede permanente que se instalará en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde el Ayuntamiento les ha cedido un local.
Nogales, que recoge el testigo de Juan José Aliste, fallecido el pasado año en Salamanca, al frente de la AVT, también destaca el apoyo que están recibiendo de la Junta de Castilla y León, pero recalca que es necesaria una mayor ayuda por parte de las administraciones para atender las necesidades de heridos, viudas y huérfanos.
La primera víctima
El primer castellano y leonés asesinado por ETA, según ‘Vidas rotas’, fue Gregorio Posada Zurrón jefe del Grupo de Información de la Guardia Civil en Azpeitia (Guipúzcoa) y natural de la localidad zamorana de Villaferrueña. El 3 de abril de 1974, cuando circulaba en su vehículo, un Seat 850, por la calle Juan XXIII, dos miembros de ETA, armados con subfusiles, se colocaron delante del vehículo y lo ametrallaron. Gregorio Posada murió pasadas unas horas en el hospital militar de San Sebastián. Este cabo primero tenía treinta y tres años. Estaba casado y tenía dos hijas, una de seis años y otra de cuatro.
ETA ha cometió 13 atentados en Castilla y León desde el inicio de la etapa democrática, que cobraron la vida de dos militares y un guardia civil. El primero de los actos terroristas tuvo lugar el 1 de julio de 1979 en la capital leonesa y el último en la ciudad de Burgos, que ha sufrido cuatro ataques, aunque la capital leonesa ha sido la que más vidas ha llorado, en concreto, dos, mientras en Salamanca falleció la tercera víctima mortal de ETA.
El 1 de julio de 1979 en León, la banda terrorista asesinó al brigada de la Guardia Civil Emeterio de la Fuente Aller. Cuatro años más tarde, el 18 de diciembre de 1983, la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos sufrió un ataque. Los terroristas colocaron entonces 12 kilos de goma-2 cerca de la sede del Instituto Armado, sin ocasionar daños personales.
En 1990 ETA eligió las instalaciones de la Comisaría de la Policía Nacional de Burgos para atentar con un coche bomba cargado con 60 kilos de amonal, provocando daños materiales evaluados en seis millones de euros) y causando heridas a 30 personas.
Más trágico fue el año 1992. La Comunidad sufrió en dos ocasiones el ataque de la banda terrorista. El 3 de agosto, perpetró un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Lerma mediante la colocación de dos mochilas cargadas con 25 kilogramos de amonal que fueron depositadas junto a la verja que rodea el edificio. La explosión provocó heridas de escasa consideración a una niña, aunque los daños materiales fueron importantes, tanto en la casa cuartel como en otras viviendas de las inmediaciones. Menos de un mes después, el 2 de septiembre, falleció en Salamanca el coronel del Ejército de Tierra Antonio Heredero Gil, como consecuencia de un artefacto colocado en su coche.
Asimismo, en 1995 Castilla y León también registró dos atentados terroristas en las provincias de Salamanca y León. El 10 de noviembre, la banda terrorista intentó una masacre en la capital charra al colocar una bomba lapa en los bajos del coche del capitán del Ejército de Tierra Juan José Aliste, que sufrió la amputación de las dos piernas. El otro ataque tuvo lugar el 22 de diciembre en la capital leonesa y se cobró la vida del comandante de Artillería Luciano Cortizo Alonso al explotar una bomba lapa adosada a su vehículo.
Ortega Lara
También doloroso para Castilla y León fue el secuestro del funcionario de prisiones burgalés José Antonio Ortega Lara, quien fue liberado el 1 de julio de 1997 por la Guardia Civil en un zulo bajo una nave de Mondragón (Guipúzcoa), tras permanecer secuestrado 532 días.
Con el cambio de siglo, la actividad de ETA continuó en la Comunidad. El 16 de julio de 2000, un coche bomba estacionado junto a la casa cuartel de Ágreda (Soria) explotó e hirió en la pierna a la esposa de un agente que regresaba a su vivienda y causó numerosos daños materiales. El vehículo contenía una carga de entre 25 y 30 kilos de material explosivo. En la mente de muchos castellanos y leoneses también permanece el 6 de diciembre de 2004, día en que se celebraba el 26 aniversario de la aprobación de Constitución española. La banda colocó bombas de baja potencia en las ciudades de Ávila, León y Valladolid, que explotaron sin causar ningún herido aunque sí provocaron importantes daños materiales y la conmoción de los ciudadanos. Nueve meses después, el 24 de septiembre, ETA atentó con un coche bomba en el polígono industrial de Vicolozano (Ávila), aunque no se produjeron víctimas personales.
La tregua que se logró en 2007 hizo que el rastro de la banda terrorista en suelo castellano y leonés fuera menor, aunque, tras su fin la Comunidad sufrió la actividad del terrorismo etarra, con el asesinato en Capbreton (Francia) de dos jóvenes guardias civiles de El Tiemblo (Ávila) y Grulleros (León). También, en 2008 los terroristas acabaron con la vida en Santoña (Cantabria) del brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz, natural de la localidad segoviana de Pinilla Ambroz.
A lo largo de 2009, Burgos volvió a sufrir un atentado. En la noche del 29 de julio hizo explosión una potente bomba, alojada en una furgoneta, en las inmediaciones de la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos. Causó 70 heridos leves e importantes daños materiales. Esta acción terrorista fue la segunda en apenas 24 horas que tiñó de luto a la provincia burgalesa ya que el 30 de julio asesinó en Calvià (Mallorca) al guardia civil burgalés Carlos Sáenz de Tejada García.
