El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se propone incrementar «significativamente» el área de distribución actual del lobo ibérico hacia el este peninsular y su población en 2030, y fomentar la convivencia entre esta especie y la ganadería extensiva con medidas preventivas y un protocolo común en toda España para indemnizaciones de daños causados por el mamífero.
Así figura en el nuevo borrador de la ‘Estrategia estatal para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo (‘Canis lupus’) y su conservación’, que ya en su denominación pone el foco en la coexistencia y no en la conservación y la gestión del mamífero, como figuraba en un texto anterior.
En España había 297 manadas de lobo según el último censo, de 2013-2014, repartidas entre Castilla y León (60,2 por ciento del total), Galicia (28,3 por ciento), Asturias (12,4 por ciento), Cantabria (cuatro por ciento), Castilla-La Mancha (0,6 por ciento) y La Rioja, Madrid y País Vasco (0,3 por ciento cada una). Ese porcentaje total supera el 100 por ciento al tener en cuenta las manadas compartidas por distintas comunidades autónomas.
Desde el pasado 22 de septiembre está prohibida la caza del lobo ibérico en toda España al ser incluida esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Hasta entonces, era una especie cinegética al norte del Duero.
Por ello, Transición Ecológica impulsa una nueva estrategia de la especie acorde al nuevo estatus legal del lobo para facilitar a las comunidades autónomas la aplicación de medidas para su conservación, ya que la actual data de 2005. La nueva deberá ser aprobada este año por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, donde están representados el Gobierno de España y las comunidades autónomas.
Para ello, Transición Ecológica y las comunidades autónomas trabajan desde 2020 en el seno del Grupo de Trabajo del lobo, dependiente del Comité de Flora y Fauna Silvestres.
El nuevo borrador de la Estrategia fue remitido este viernes a los miembros del Comité de Flora y Fauna Silvestres, en el que están las comunidades autónomas. El texto también fue enviado a título informativo a las cinco grandes ONG ambientales y las principales asociaciones agrarias y ganaderas interesadas.
Cuatro objetivos
El texto incluye cuatro objetivos, entre ellos asegurar un estado de conservación favorable a largo plazo del lobo y promover su recuperación natural, para lo cual será necesario «incrementar significativamente el área de distribución actual y la población en el año 2030»; fomentar la expansión del área de distribución actual hacia el este peninsular donde la posible conflictividad con los usos ganaderos sea escasa y exista hábitat suficiente y adecuado, perseguir y actuar para reducir la mortalidad no natural del lobo, y minimizar el impacto de otras amenazas.
Otro objetivo es «reducir los conflictos, buscando la coexistencia del lobo con las explotaciones ganaderas», para lo cual se promoverán ayudas públicas para sistemas de protección de ganado eficaces de manera generalizada en las zonas de mayor conflictividad; se instaurará un mecanismo homogéneo y armonizado de peritación, indemnización y compensación de los daños producidos por el lobo, y se concertará el procedimiento de indemnización, protección y coexistencia en foros de participación nacionales y autonómicos.
Además, el texto aporta como objetivos aumentar el conocimiento (conocer la evolución poblacional del lobo y mejorar la coordinación de acciones de investigación) y promover actuaciones para la mejora de la percepción social y difusión de los valores ecológicos de la presencia del lobo.
Respecto al borrador de la Estrategia presentado en noviembre de 2020 al Grupo de Trabajo del Lobo, hay algunas modificaciones, ya que ese primer documento era más concreto en algunos aspectos del objetivo de asegurar la conservación a largo plazo del lobo (por ejemplo, incrementar entre un diez y un 20 por ciento el área de distribución en 2030, y alcanzar las 350 manadas en ese año, en comparación con las 297 del censo de 2013-2014).
Otras medidas
Por otro lado, la nueva Estrategia propone un programa nacional de marcaje de lobos con emisores GPS para establecer indicadores eficientes sobre las amenazas y la evolución de la especie, así como conocer con más detalle las causas de mortalidad no natural, como atropello, furtivismo o envenenamiento, y acometer tareas de persecución de delitos ambientales contra la especie.
El documento se aplicará en las áreas de distribución actual y potencial del lobo, que serán delimitadas y recogidas en los planes de conservación o gestión de cada comunidad autónoma. Las administraciones competentes deberán disponer de planes que aseguren el buen estado de conservación del lobo con estudios y trabajos técnicos, una compensación de daños adecuada, ayudas para mejorar la defensa del ganado y protocolos de actuación en caso de conflicto, entre otros.
Además, la Estrategia propone un protocolo común de verificación de daños y aplicación de baremos de pago que sea consensuado con las organizaciones agrarias y aprobado por las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente y Agricultura.
Para apoyar estas actuaciones, el Consejo de Ministros aprobó el pasado jueves destinar 20 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 con el fin de financiar medidas preventivas porque la evidencia indica que las explotaciones ganaderas que las aplican tienen menos ataques de lobo (10,5 millones) y compensar económicamente los daños junto a las comunidades autónomas (9,5 millones).
La estrategia subraya que el análisis científico de 95 planes de gestión del lobo publicados entre el 1982 y 2019 en otros tantos países de Norteamérica y en Europa demuestra que la mayoría de ellos contemplan la prevención de daños como pilar fundamental de las respectivas políticas de manejo de este carnívoro.
Dentro del capítulo dedicado a la prevención, se incluye la creación de un registro nacional de expedientes de daños de lobo, tal y como existe en otros países de nuestro entorno, centralizado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con datos aportados cada año por las comunidades autónomas.
