Izquierda Unida criticó hoy que la banca “deje sin servicios bancarios” a la mayoría de los pueblos de Castilla y León, según el informe ‘Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España’, publicado la semana pasada por el Banco de España, y que reconoce que el proceso de fusiones “ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable” en las zonas rurales del país, según un comunicado de la organización.
Este documento señala que la mitad de las sucursales bancarias en España han desaparecido desde la crisis de 2008 y con ello miles de cajeros y puestos de trabajo. Desde ese momento han cerrado decenas de cajas de ahorros y ha aumentado el cierre de oficinas en zonas rurales. Así, el Banco de España ha detectado que casi 1,2 millones de españoles no contaban a finales de 2020 con un punto tradicional de acceso a efectivo en su municipio, aunque señala una accesibilidad promedio de unos cinco kilómetros.
IUCyL subrayó también la “particularidad” de la Comunidad Autónoma con la cobertura menos amplia de todas las de España, con Zamora (27,8 por ciento de la población sin acceso), Ávila (21), Segovia (19,9) y Palencia (18,2 por ciento) como las provincias que presentan menores ratios de población con un punto tradicional de acceso al efectivo en un radio de cinco kilómetros.
La formación política consideró que el punto de vista económico “no puede ser el único desde el que se estructuren los servicios en Castilla y León porque en ese caso las zonas rurales saldrán siempre perdiendo”. “Si el sector privado no es capaz de articular ese servicio en los pueblos, el sector público tendría que ofrecerlo”, espetó.
Igualmente, IU recordó que el Ministerio de Consumo ha solicitado a los bancos sus planes de reestructuración para proteger a los usuarios “vulnerables”, un proceso, apeló, al que “debe unirse una política que garantice los derechos de las personas que residen en pueblos, dotándose de competencias sancionadoras y voluntad política para actuar desde lo público, puesto que la banca privada ha decidido abandonar los pueblos de Castilla y León a su propia suerte”.
En este sentido, IUCyL propondrá la creación de una banca pública cuyo objetivo sea “apostar por la economía real, sostenible y humana creadora de empleo e impulsora de un nuevo modelo productivo para Castilla y León”. “Una banca que apueste por la vertebración territorial de toda la Comunidad y que no deje abandonados a los miles de pueblos sin un adecuado servicio bancario”, resumió.