La recaudación tributaria de la Junta en Castilla y León cayó un 9,8 por ciento en 2020 en el año de la pandemia del COVID, con 67,2 millones de euros menos que fueron a parar a las arcas de la administración autonómico en concepto de tributos cedidos y propios, informa Ical.
Los ingresos por impuestos de 616,7 millones vinieron lastrados por los efectos de la fuerte crisis sanitaria en la Comunidad, que se dejaron sentir de forma especial en el de transmisiones patrimoniales, con un descenso del 12,2 por ciento, al pasar de 212,1 a 186,1 millones de euros, y en la tasa sobre el juego, con un descalabro del 43,7 por ciento, hasta los 38 millones. Se trata de dos tributos que están «muy ligados» a la actividad económica, como es el sector inmobiliario y el juego.
En total, la Comunidad recaudó 520 millones que corresponden a tributos cedidos por el Estado, que suponen un 11,5 por ciento menos que en 2019, a los que se suman 70,3 millones de impuestos propios y otros 26,2 millones de tasas.
Entre los del primer capítulo destacan aquellos vinculados al mercado inmobiliario y la compraventa de viviendas, es decir, los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y sobre Actos Jurídicos Documentados. Ambos evolucionaron en negativo el pasado año, un 12,2 por ciento el primero, hasta totalizar 186,1 millones en ingresos frente a los 212,1 millones de 2019, y un 15,7 por ciento el segundo, con 72,8 millones frente a los 86,4 millones el ejercicio anterior.
De entre los impuestos cedidos figura también el tributo sobre el Juego, con 38 millones frente a los 67,6 millones de euros el pasado año, así como Sucesiones y Donaciones, que supuso el ingreso de 185,6 millones, un 1,4 por ciento de caída. Este gravamen, precisamente, que en parte se dejará de ingresar en 2021, dado que la Junta prevé aprobar la bonificación del 99 por ciento del mismo en el próximo Pleno de las Cortes, tal y como anunció el presidente Alfonso Fernández Mañueco en la moción de censura de la semana pasada.
En cuanto al a gestión de ambos impuestos, la evolución fue positiva para el concepto de donaciones, con una disminución de la pendencia del 4,7 por ciento; sin embargo, para el de sucesiones se incrementaron los expedientes pendientes en un 9,78 por ciento, ya que de las 9.372 declaraciones pendientes a finales de 2019 se pasó a las 10.289 del cierre del último ejercicio.
Pese a estos malos datos, la Memoria de gestión tributaria del año 2020, elaborada por la Consejería de Economía y Hacienda y consultada por la Agencia Ical, destaca que la disminución de la recaudación por tributos cedidos en Castilla y León ha sido cuatro puntos menos que en el resto de España, al ser un 13 por ciento frente al 17 por ciento. En este sentido, valora que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados experimientó caídas inferiores a siete puntos comparado con el total nacional.
La Junta relaciona la «importante» reducción de la recaudación sobre el juego por la situación excepcional del COVID-19 y debido al cierre de los establecimientos de juego durante varios meses para contener la propagación del virus. Además, los menores ingresos vienen marcados por que tres plazos del pago de máquinas (más conocidas como tragaperras), que tenían que haber ingresado antes de los días 20 de junio, septiembre y diciembre, en gran parte no se han ingresado como consecuencia de solicitudes de aplazamiento. El primer plazo se les concedió aplazamiento hasta finales de agosto, habiéndose producido su ingreso pero los aplazamientos solicitados por el segundo, tercero y cuarto plazo no se ingresarán hasta el año 2021.
Y es que la recaudación por las ‘tragaperras’ supone el grueso del dinero recaudado por la Junta por el impuesto sobre el juego. A finales de 2020 había censadas en Castilla y León un total de 13.545 máquinas aptos para la realización de juegos, entre las de tipo B o recreativas con premio y las tipo C o de azar. De los 38 millones ingresados por este concepto, el 73 por ciento procede de este tipo de máquinas (28,9 millones de euros), seguido de los 7,4 millones de otros; 1,6 millones de los cartones distribuidos en las 15 salas de bingos existentes en la Comunidad y solo 271.000 euros por la actividad de los tres casinos autorizados en Castilla y León (León, Salamanca y Valladolid).
En el apartado de los gravámenes propios, están el Impuesto por Afección Medioambiental, que supuso el pasado año ingresos por importe de 62,7 millones, un 0,6 por ciento más. Un tributo que creció mucho en 2019 como consecuencia del nuevo hecho imponible que entró en vigor un año antes con la modificación de este tributo. Concretamente se trataba del que gravaba el depósito de residuos nucleares en Castilla y León, que en la Comunidad se vincula directamente a la central de Garoña (Burgos) y que suponía cerca de diez millones. El resto procede por los aprovechamientos del agua embalsada en los pantanos, por los parques eólicos, y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Es decir, la Junta somete a gravamen el daño ocasionado al medio ambiente en la Comunidad por la realización de determinadas actividades.
Una sentencia del Tribunal Constitucional, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de agosto de 2020, declaró inconstitucionales cinco artículos del texto refundido de las disposiciones legales de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, relativo a las centrales nucleares. Ello ha supuesto que no exista recaudación por este concepto en 2020, año en el que además se ha tenido que efectuar la devolución por lo recaudado en 2018 y 2019 por un importe total de 16,72 millones de euros más los intereses de demora correspondientes.
Por último, el Impuesto sobre Eliminación de Residuos, que trata de fomentar el reciclado gravando el daño ambiental provocado por la eliminación de residuos en vertedero, se elevó hasta los 7,6 millones de euros, con una caída del 2,3 por ciento. El descenso continuado en los últimos años viene marcado por el proceso de cierre de algunos vertederos en la Comunidad.
Provincias
La evolución de la recaudación por delegaciones territoriales en el ejercicio de 2020 es muy distinta. Todas las provincias registraron caídas de ingresos, salvo Soria, donde aumentó un 2,9 por ciento, hasta los 23,1 millones de euros. En cuanto a los descensos, destacaron los casos que rondaron el 20 por ciento de bajadas como Burgos (-19,3 por ciento, hasta 86,3 millones), Valladolid (-19,2 por ciento, hasta los 113,7 millones) y Ávila (-17,9 por ciento, hasta los 31,5 millones). Le siguió, de lejos, Zamora, con una caída del 9,1 por ciento (31,8 millones). En el resto, hubo descenso muy contenidos, que oscilaron entre el 4,3 por ciento de la provincia de León (93,2 millones) y el tres por ciento de Salamanca (73,1 millones) y el 2,5 por ciento de Palencia (35,7 millones) y el dos por ciento de Segovia (40,4 millones). En los Servicios Centrales de la administración autonómica se recaudaron 87,4 millones de euros, tras sufrir una bajada del 1,7 por ciento.
Dilataciones temporales
El informe de la Junta constata que a lo largo del año 2020 se ha notado el efecto de la adopción de medidas de dilataciones temporales en la gestión de expedientes tributarios y en la recaudación tributaria autonómica. Eso sí, precisa que esos efectos se redujeron «significativamente» a medida que transcurrieron los meses desde su adopción. De esta manera, concluye el impacto global en la gestión tributaria de la Comunidad fue «poco significativo».
En concreto, la memoria cita, según recoge Ical, que en el caso concreto del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impacto de la adopción de estas medidas temporales concluyó el 28 de diciembre de 2020. En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el caso de las adquisiciones mortis-causa, el impacto de las medidas adoptadas aún tendrán reflejo hasta el 19 de mayo de 2021.
Otro efecto causado por las medidas urgentes de confinamiento y restricciones a la movilidad adoptadas a raíz del COVID-19 fue el cambio de hábitos de los contribuyentes, con un incremento de la presentación de las autoliquidaciones por vía telemática sin necesidad de acudir a las oficinas públicas.
