La Junta de Castilla y León autorizó hoy, en Consejo de Gobierno, destinar 55 millones de euros a la contratación de la póliza de responsabilidad civil, patrimonial, patronal y de explotación para la Gerencia Regional de Salud. De esta manera Sacyl cubre las consecuencias económicas que, durante la vigencia del mismo, les pudiera corresponder directa, solidaria o subsidiariamente a sus trabajadores por los daños y perjuicios indemnizables, causados por acción u omisión a terceros en el ejercicio de su actividad.
El seguro se plantea para un período máximo de diez años, dos de ejecución y una posible prórroga de ocho ejercicios más. Su finalidad es dotar de apoyo y respaldo a los profesionales de Sacyl, por un lado; y a la propia institución por otro, con el fin de hacer frente de forma coordinada, coherente y especializada al amplio abanico de acciones y denuncias que se pueden presentar contra la actividad asistencial de la sanidad pública.
Este nuevo contrato difiere de los anteriores en que incluye un incremento de la prima máxima e incorpora una franquicia de 30.000 euros. Estas medidas se toman con el fin de adaptar las condiciones del mismo a la población de referencia, 2.394.918 habitantes; teniendo en cuenta que hay una media de 300 reclamaciones presentadas anualmente, de las el 27 por ciento resultan estimadas, en vía administrativa o judicial.
El seguro suscrito considera como asegurados a todo el personal de la Gerencia Regional de Salud, es decir, desde becarios y personal en formación (incluidos los médicos residentes), a trabajadores que realicen rotaciones externas en centros no integrados de Sacyl; o profesionales que presten puntualmente su servicio en centros, dependencias y establecimientos propios, particularmente los participantes en los convenios marco de colaboración entre las universidades públicas de Castilla y León y Sacyl en materia de docente y de investigación en ciencias de la salud.
También están cubiertos los herederos y familiares de los trabajadores, respecto a las responsabilidades profesionales que se les pudieran exigir en caso de fallecimiento de los asegurados; y, por último, a los trabajadores del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, el Centro Regional de Medicina de Deportiva y la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud.