54 desempleados se contratarán en Segovia para realizar trabajos forestales. La Junta ha aprobado un paquete de subvenciones directas que, en el caso de la Diputación de Segovia, está cuantificado en 648.000 euros.
En total, la Junta destina 6.528.000 euros para contratar 540 parados con ese objetivo en Castilla y León, a través de las diputaciones provinciales.
Las ayudas aprobadas proceden del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Y forman parte de las políticas activas de empleo y de los planes de empleo local que desarrolla la Junta para incentivar el empleo y la actividad económica en el medio rural.
Sector forestal
Con estos incentivos económicos para la contratación se pretende facilitar la incorporación al mercado laboral de personas que están en situación de desempleo. Al mismo tiempo, formarlas en un sector de actividad productiva que facilite su posterior incorporación laboral en empresas relacionadas con el sector forestal.
Además, con las actuaciones de prevención, control y limpieza de la vegetación que realicen estos trabajadores, se contribuye a prevenir los incendios forestales.
En esta ocasión, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha incrementado la dotación económica del programa en más de un 30 %. De este modo, pasan de los 5 millones de euros de las ediciones anteriores a los 6,5 millones en este ejercicio.
Condiciones laborales
Por cada persona contratada, la subvención puede ser de hasta 12.000 euros.
Las subvenciones van destinadas a financias los costes laborales de los trabajadores contratados a jornada completa y durante un periodo de 180 días. Así, el periodo de contratación subvencionable finaliza el 31 de diciembre del 2025.
Además, serán beneficiaros preferentes los desempleados de larga duración, especialmente aquellos con cargas familiares.
Por otro lado, deberán figurar inscriptos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
El reparto de los 6,5 millones de euros asignados al programa se ha distribuido partiendo de una cuantía inicial de 500.000 euros por provincia, y estableciendo cantidades adicionales en función de distintos criterios, entre ellos la tasa de paro, la superficie arbolada de cada provincia, o la superficie afectada por incendios forestales en el último año.