39 ayuntamientos recurrirán la reforma local

Un total de 39 ayuntamientos de Segovia se han sumado al recurso que se prevé plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar frenar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El portavoz del PSOE en la Diputación, José Luis Aceves, explicó que la iniciativa se había aprobado en 41 pueblos segovianos, aunque en dos de ellos no se consiguió la mayoría absoluta, de modo que no computan por carecer de la mayoría requerida por el TC.

Los 39 consistorios que apoyan el recurso representan a 73.334 habitantes, «lo que significa que casi la mitad de los de la provincia lo apoyan». Además, el dirigente socialista destacó que cuatro de estos ayuntamientos están gobernados por el PP, y otros cuatro, por otros partidos que se adhirieron a la iniciativa.

La campaña se ha promovido a nivel nacional en cientos de consistorios para presentar un recurso ante el TC contra la reforma local aprobada por el Gobierno el pasado mes de diciembre. El objetivo es reunir el aval de casi 1.200 ayuntamientos y 7,5 millones de habitantes que se necesita como mínimo para que el TC se pronuncie sobre el “conflicto de competencias” planteado.

«La contra-reforma local de Rajoy despoja directamente de competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes”, reiteró Aceves. “Amenaza con reducir los servicios públicos prestados por los ayuntamientos, que podrían pasar a manos privadas, con la consiguiente repercusión en el bolsillo de los usuarios»; y al mismo tiempo, «deja a los ayuntamientos en una situación de dependencia o subordinación con respecto a otras administraciones, lo que es claramente contrario al texto constitucional”.

Para Aceves, «esta ley del PP no soluciona ninguno de los problemas del mundo local, ya que coarta las competencias, no evita duplicidades, ni simplifica la estructura de la Administración local, ni resuelve los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos». En este sentido, los ciudadanos del medio rural «serán los grandes perdedores» porque «tendrán servicios municipales más caros y menos eficientes, y con la misma se dañará la autonomía municipal y la vida democrática local porque quita a los alcaldes y concejales, elegidos por los ciudadanos, la capacidad de decidir sobre servicios públicos esenciales que deja en manos de la Diputación, órgano de elección no directa».

«Es una frivolidad y lo único que intenta el PP con esta ley es aprovechar la coyuntura económica para imponer su modelo en la Administración local, abriendo una puerta muy peligrosa a la privatización, cuando no al desmantelamiento de los servicios”, prosiguió el portavoz del PSOE en la Diputación. Una reforma que, a su juicio, “provocará además la pérdida de miles de empleos públicos”.

«Acabar con nuestros ayuntamientos no es un tema de carácter político, significa acabar con los servicios sociales que se prestan a los ciudadanos, sobre todo a los del medio rural; y además, entraríamos en una dinámica diabólica con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, en la que sólo se podría vivir en las grandes ciudades.