Un total de 25 empresas editoras de medios de comunicación de las nueve provincias de Castilla y León han presentado una reclamación judicial conjunta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. La demanda solicita la suspensión cautelar de la modificación de la Ley de Publicidad Institucional aprobada en julio de 2024, al considerar que podría vulnerar la legislación estatal en materia de contratación pública y comunicación institucional.
Según explican los firmantes, la aplicación práctica de la norma podría afectar especialmente a las pequeñas empresas editoras, al introducir limitaciones económicas y nuevas condiciones de acceso a la contratación pública.
La reforma fue aprobada en las Cortes de Castilla y León con el apoyo de PSOE, VOX, Podemos y el procurador Francisco Igea, sin incorporar las propuestas planteadas por asociaciones de medios y el Colegio de Periodistas de Castilla y León.
El Consejo Consultivo de Castilla y León emitió recientemente un dictamen en el que advierte de la posible inconstitucionalidad de varios apartados de la norma. El órgano señala que algunas disposiciones podrían entrar en conflicto con la legislación estatal básica, al introducir criterios de exclusión en la contratación pública no contemplados en la Ley de Contratos del Sector Público ni en la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional.
Entre otros puntos, el dictamen cuestiona la ampliación de las prohibiciones de contratación con medios sancionados mediante sentencia firme, así como el límite del 33 % de ingresos procedentes de publicidad institucional sobre la facturación anual, al considerar que carece de base objetiva y podría generar un trato desigual.
Diversas asociaciones profesionales habían advertido que la aplicación de esta reforma podría tener consecuencias sobre la sostenibilidad de los medios locales y provinciales, afectando a la pluralidad informativa y a la estabilidad del empleo en el sector.
Mientras tanto, el Gobierno central ha optado recientemente por no incluir una limitación similar en la normativa estatal, tras mantener conversaciones con representantes de medios y organizaciones periodísticas.
Las empresas recurrentes consideran que la entrada en vigor de la ley en Castilla y León genera un escenario de inseguridad jurídica que requiere una revisión judicial de su alcance y compatibilidad con el marco legal estatal.