Según un estudio de la compañía ista, los hogares de 10.800 familias de Segovia podrán ahorrar hasta 300 euros al año si viven en bloques con calefacción central a partir de que el Gobierno publique el Real Decreto por el que se Regula la Contabilización de Consumos Individuales de Calefacción. La aprobación de esta norma estaba prevista el pasado mes de abril, cuando se disolvieron las Cortes y se convocaron de forma anticipada las primeras elecciones de 2019.
De esta forma se cumplirá con la Directiva Europea en materia de Eficiencia Energética, de obligada aplicación en España.
Pese a que la normativa todavía no se ha aprobado, los segovianos han instalado repartidores de costes en 1.200 viviendas entre junio y diciembre de 2019 sobre un total de 12.000 viviendas con calefacción central existentes en la provincia– y que no resultan exentas de la obligación por no ser rentable o técnicamente inviable– que deberán instalar contadores de calorías o repartidores de costes de lectura remota.
Según Eduardo Echarren, Director Comercial de la Zona Norte de ista, empresa especializada en medición, reparto y ahorro de consumos de calefacción y miembro de Aercca (Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción), el valor de esta norma está en la toma de conciencia de las familias sobre su consumo, que ayudará a realizar un gasto más responsable y eficiente de la calefacción.
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene previsto que la aplicación de la medida, que afectará a cerca de 1,5 millones de hogares en toda España (el 6,9% del total), se haga de manera gradual, comenzando por aquellas viviendas situadas en la llamada Zona Climática E, para continuar por las regiones de las zonas D y C. Las Zonas Climáticas B y A –Levante, Baleares y Canarias–, quedan exentas.
La aplicación de la norma será obligatoria y el Ejecutivo central ha previsto multas que irán de los 1.000 a los 10.000 euros si no se cumple con la obligación.
No hay que olvidar que la Comisión Europea ya ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no garantizar la medición individual de consumos en edificios con calefacción central.