El presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, defendió hoy la legalidad de sus actuaciones y aseguró que cuando cesó en su actividad como gestora del complejo residencial y de ocio ‘Segovia 21’ a la empresa Fomento Territorial y nombró como administradora única a Verae, siempre actuó en beneficio de los intereses generales.

Vázquez, en calidad de investigado, declaró hoy ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y de lo Mercantil de Segovia, Roberto Niño Estébanez, por una querella presentada por Fomento Territorial en la que se apuntan supuestos delitos de prevaricación y defraudación de caudales públicos, denuncia falsa y estafa procesal y administración desleal.

Francisco Vázquez, según explicó a la salida del juzgado, actuó en todo momento “en defensa de lo público, dentro de la legalidad”, y al margen de los intereses particulares y privados que pueda tener Fomento Territorial. Además, insistió en que actuó siempre de buena fe y asesorado por los servicios jurídicos y económicos de la Diputación Provincial. “Mis decisiones siempre han respondido al interés público y siempre he intentando hacer una gestión adecuada con respeto a la ley, ahorrando dinero a la Administración y dejando al margen los intereses privados”.

En una comparecencia improvisada, con momentos en los que se ha emocionado, al referirse al daño personal que le ocasionaba esta situación, Vázquez mantuvo que la gestión de ‘Segovia 21’ en la época de Fomento Territorial era “totalmente opaca”, con una deuda a Bankia de 18 millones de euros, a punto de entrar en pre-concurso de acreedores y con las cuentas bloqueadas por esta entidad bancaria, quien aconsejó que se cambiara el órgano administración, por lo que se nombró un administrador único.

Después de considerar que se trata de una “querella política, mediática y una venganza”, insinuó que la querella, “a lo mejor, viene porque Fomento Territorial cobraba al año 1,4 millones de euros y el actual administrador único percibe una décima parte, 140.000 euros.

Foto: Francisco Vázquez acudiendo a declarar al juzgado/Ical