El sector de Atención Primaria es el más castigado por las agresiones contra el personal médico, según se desprende de los primeros datos arrojados por el registro nacional de agresiones a médicos elaborado por el Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial.
Los datos obtenidos de dicho registro nacional correspondientes a 2010 arrojan un total de 451 agresiones registradas a médicos colegiados, un dato que equivale al “iceberg” del problema porque la base del mismo podría estar aún más dimensionada.
El mayor porcentaje de los actos violentos contra el personal médico se registraron en el primer nivel asistencial. Un 57 por ciento se produjeron en las consultas de Atención Primaria, más otro 8 por ciento en los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias, lo que equivale a que prácticamente el 65 por ciento de las agresiones se acumulan en dicho nivel asistencial, siendo el sector público más castigado que el privado, en este sentido.
Si bien no hay diferencias acuciantes en cuanto al género del médico agredido, si se ha detectado que el grupo etáreo más afectado es el comprendido entre los 46 a los 55 años, en cambio se observa un menor número de casos entre los mayores de 66 años y los médicos más jóvenes.
Con respecto a la tipología del agresor no hay un perfil claramente establecido, dada su heterogeneidad, pero sí es destacable el hecho de que una de cada tres agresiones es realizada por un familiar del paciente.
De los datos obtenidos sobre las causas que motivan este tipo de agresiones, la discrepancia con la atención médica es la que figura como principal desencadenante del acto violento contra los facultativos, seguida de la negativa a recetar el fármaco demandado por el paciente, y de discrepancias personales con el facultativo.
De la información extraída cabe destacar otros datos, tales como que el pico más alto del número de agresiones se produjo en verano, concretamente, en el mes de julio, que más de un 18 por ciento de las mismas terminaron en lesiones y que más de un 13 por ciento de los agredidos tuvieron que solicitar la baja laboral.
Por CC.AA., Andalucía y La Rioja figuran entre las autonomías donde se han registrado un mayor número de casos, y, por el contrario, otras comunidades, como Aragón, Baleares y Navarra, arrojaron unos índices muy bajos de agresiones. En Castilla y León, el número de agresiones más elevado reside en Segovia, en la que el número de agresiones por cada 1000 colegiados es de 4,95; la otra provincia castellana que cuenta además con otro de los números más altos es León, que cuenta con 4,08 agresiones por cada 1000 colegiados
A partir de la descripción de la situación, desde la OMC, se quiere transmitir un mensaje que se considera fundamental, como ha manifestado su secretario general el doctor Serafín Romero: “el médico o médica que recibe amenazas o que es agredido psíquica o físicamente tiene que tener presente la importancia de denunciar el hecho no sólo en su lugar de trabajo, a su superior o gerencia, sino también a su propio Colegio de Médicos. El hecho de comunicarlo en la entidad colegial sirve además de para registrar y contribuir a dar solución a la lacra, también para obtener respuesta a su agresión y acompañamiento jurídico, médico y laboral”.
Observatorio de Agresiones
Bajo la premisa “agresiones a médicos, tolerancia cero”, este Observatorio impulsado desde la Organización Médica Colegial ya ha dado sus primeros resultados, a partir del establecimiento de un método de trabajo eficaz para el que se ha contado con la colaboración de todos los Colegios de Médicos de España, y que constituye la principal herramienta de la profesión para conocer con exactitud en el terreno en el que hay que moverse con respecto a la violencia contra los médicos.
Como ha manifestado al respecto, el coordinador de este Observatorio, el doctor Alberto Becerra, secretario, a su vez, del Colegio de Médicos de Badajoz, “vamos a defender, por encima de todo, los intereses y el bienestar de nuestros médicos, llegando al fondo de la cuestión en esto y también en el análisis de los ámbitos organizativos y en el de las expectativas de los ciudadanos en relación a los servicios sanitarios”.
Lograr la intervención de los correspondientes ministerios fiscales es otra parte fundamental del trabajo que se está llevando a cabo desde las instituciones colegiales. Como señala, al respecto, el doctor Becerra, “una de nuestras aspiraciones, en este sentido, es lograr la consideración de atentado contra la autoridad, en este caso sanitaria, en todo el territorio”.
La lucha de los Colegios de Médicos para el reconocimiento del profesional como autoridad y para que se haga justicia frente a esta clase de actos vandálicos ha dado ya algunos frutos. Prueba de ello es que en algunas CC.AA., gracias a la presión ejercida, se ha logrado que las agresiones contra un médico, reconocido como autoridad, sean ya consideradas como delito de atentado.