La Plataforma Unitaria contra la Crisis-Cumbre Social (PUCC-CS) advierte de que “seguirán convocándose concentraciones” y “miles de ciudadanos acudirán sin una convocatoria formal” aunque contravenga la “obsoleta” ley orgánica que regula actualmente el derecho de reunión y que fue aprobada en 1992, cuando, como apunta este colectivo, no se había generalizado la telefonía móvil ni existían las redes sociales virtuales.

José Antonio López Murillo, secretario provincial de CCOO, firma estas declaraciones en una carta abierta dirigida a la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz, con motivo del conflicto con esta institución por la apertura de ocho expedientes sancionadores contra participantes en la movilización celebrada el pasado 17 de junio junto al teatro Juan Bravo contra el proyecto que se presentaba allí ese día, la construcción de un palacio de congresos en Palazuelos de Eresma.

PUCCS-CS recuerda en esta carta, recogida por Ical, que la Subdelegación matizó el pasado 4 de octubre que tales expedientes “se debían única y exclusivamente al incumplimiento de comunicar a la Autoridad Administrativa en plazo y forma dicha concentración” y “en el mismo comunicado insiste usted (en referencia a Sanz) en que en ningún momento se han abierto expedientes por desórdenes públicos, sino por no comunicar la concentración”.

“Como usted sabe, esta Plataforma Unitaria es cumplidora de los requisitos que la ley orgánica reguladora del derecho de reunión determina para la convocatoria de manifestaciones, pero ese no es el fondo del asunto”, prosigue Murillo, quien subrayó que “los derechos de reunión, manifestación y asociación están reconocidos como fundamentales en nuestra Constitución y en concreto, el de reunión y manifestación lo regula la Ley Orgánica 9/1992 de 15 de julio”.

“Indiscutiblemente en el año 92 los españoles no teníamos telefonía móvil, no existían redes sociales virtuales y mucho menos escraches” pero “en la actualidad todos estos elementos configuran una realidad que permite la interacción de millones de personas en todo el mundo”. En este sentido, “una demoledora realidad que modifica de forma sustancial el ejercicio de estos derechos”. Por ello, PUCC-CS considera que se puede “mirar para otro lado” y aferrarse a una norma “que ya resulta a todas luces obsoleta”, pero que “eso no va modificar la situación”. Así, Murillo advierte de que seguirán convocándose concentraciones a través de las redes sociales y miles de ciudadanos acudirán sin que exista una convocatoria formal: “Queramos o no, esta dinámica va a seguir produciéndose no solo en nuestro entorno, sino en todo el mundo”.

Respecto a los expedientes de sanción que Sanz “ha decidido impulsar”, la plataforma subraya que no son contra los convocantes, “que en este caso no existen y, obviamente, tampoco contra los convocados, sino contra personas que simple y llanamente estaban en ese lugar y en ese momento”. Asimismo, acusa a la Policía de elegir “de forma absolutamente indiscriminada quiénes eran los supuestos culpables de algo”.

“Por eso”, PUCC-CS señala que a pesar de que la subdelegada “reconoce en su comunicado (del día 4) que los desórdenes públicos no son la causa de estos expedientes, en la sustanciación de los mismos sí se señala esta causa, y es que en el fondo, ni a ustedes les parece presentable expedientar a una persona por el mero hecho de encontrarse en un lugar determinado y manifestar junto a otras personas lo que piensa”, añade Murillo en su carta abierta. “Todos sabemos que los legisladores se toman su tiempo en adaptar las leyes a la realidad, hasta entonces, le sugerimos que proceda con el sentido común” y “utilice la Policía para guardar el orden, no para transmitir mensajes coercitivos a los ciudadanos”.

Fue el pasado 4 de octubre cuando este colectivo hizo pública la apertura “injustificada” de expedientes sancionadores que, según aseguró, se imponían “para reprimir manifestaciones absolutamente pacíficas y democráticas como ésta, en la que no se pasó de pitar y silbar”, aunque la Subdelegación del Gobierno sostiene que se deben “única y exclusivamente a no cumplir con la obligación de comunicar la concentración” para obtener la autorización correspondiente, trámite que no se produjo “en ningún momento”. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno precisaron entonces a Ical que en total se han abierto ocho expedientes sancionadores de 300,52 euros cada uno, “el mínimo que contempla la ley”, a otros tantos ciudadanos que presuntamente participaron de forma activa en aquella concentración que fue secundada por unas 200 personas.

La Plataforma Unitaria contra la Crisis-Cumbre Social Segovia inició su actividad hace un año y está integrada por 15 organizaciones políticas, sindicales y sociales: Izquierda Unida, Equo Segovia, Partido Comunista de España, Juventudes Comunistas, Comisiones Obreras, Unión General De Trabajadores, Unión de Campesinos de Castilla y León, Unión Sindical Obrera, Foro Social Segovia, Colectivo Republicano Antonio Machado, Plataforma Salud 24 H, Republicanos Segovia, Segoentiende, Segovia de Izquierdas y Segovia en Vela. Pero ni la plataforma como tal ni ninguno de sus colectivos integrantes se reconoce como convocante de la protesta del 17 de junio, igual que sucedió con la irrupción en Bankia durante la huelga general del 14-N, aunque para averiguar si estos expedientes terminan del mismo modo que entonces, archivados, todavía habrá que esperar hasta que se resuelvan los recursos que ya han presentado los denunciados.

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