Naciones Unidas ha reconocido el programa de acompañamiento social a familias en situación de exclusión social desarrollado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG) entre 2006 y 2011 en Segovia. En concreto, esta actividad ha sido una de las galardonadas con el Premio Internacional de Buenas Prácticas a las mejores iniciativas en el ámbito mundial que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la humanidad, que fortalecen la conciencia de la sociedad y que promueven políticas adecuadas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas desde la perspectiva del desarrollo sostenible.

Naciones Unidas, a través de este galardón, reconoce como “buena práctica”, categoría “good”, el programa llevado a cabo en Segovia y en el que también se fijó el Banco Mundial en febrero de este año, enviando a una consultora para conocer de primera mano esta iniciativa, como explicaron las mismas fuentes.

La calificación implica que el programa aparecerá en el Décimo Catálogo Español de Buenas Prácticas que realiza el Ministerio de Fomento, y que una vez editado se incorporará a la biblioteca de Ciudades para un Futuro más Sostenible.

Las actividades desarrolladas en Segovia entre 2006 y 2011 llegaron a 145 personas, un 47 por ciento de ellas menores de edad, que dejaron las chabolas y pasaron a incorporarse a una vivienda normalizada en un entorno inclusivo en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, explicaron desde la FSG. El 11 de junio de 2010 se derrumbaron las dos últimas infraviviendas del asentamiento de El Tejerín que aún quedaban en pie. Y finalmente el 30 de diciembre de 2011, con el derribo del último prefabricado en la carretera de Madrona, se puso final a más de 30 años de chabolismo en Segovia durante los cuales decenas de familias gitanas vivieron segregadas y sin las mínimas condiciones de habitabilidad, condenas a la exclusión.

El primer gran reto de la iniciativa era que ese paso de las familias a una vivienda normalizada tuviese éxito y se hiciese en un entorno facilitador de las oportunidades para la incorporación social. Para ello se optó por un sistema de recuperación de viviendas municipales como residencia provisional y el alquiler de viviendas privadas en mercado libre. Otro gran reto supuso la demolición de las infraviviendas y la recuperación ambiental del espacio urbano que ocupaban los asentamientos. En todo el proceso, resultó imprescindible la colaboración local y autonómica, y el desarrollo de medidas integrales, combinando el ámbito social, educativo, de participación, de formación e inserción laboral y de infraestructuras, señalaron las mismas fuentes.