La Comisión Europea ha exigido hoy a España que modifique la norma que regula el transporte escolar en autobús en Castilla y León, al considerar que las empresas que ya ofrecen el servicio reciben un trato preferencial. Si no se resuelve el problema en un plazo de dos meses, la Comisión denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En concreto, Bruselas considera que la legislación en vigor favorece a las compañías de autobús que ya operan cuando se organizan convocatorias a las que se presentan otras empresas. “Esta ventaja infringe claramente el principio de no discriminación y de igualdad de trato de todos los licitadores participantes en procedimientos de licitación, y es contraria a lo dispuesto en la directiva sobre contratación pública y en el reglamento sobre las obligaciones de servicio público en el transporte terrestre”, denuncia el ejecutivo comunitario.

Los criterios de adjudicación del contrato, recuerda Bruselas, deben ser la oferta económicamente más ventajosa o la que ofrece un precio más bajo, “independientemente de los demás contratos de servicios de transporte en curso”.

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