El abogado de Izquierda Unida en los casos de Caja Segovia, Alberto López Villa, plantea a los doce exconsejeros de Caja Segovia acusados por la Audiencia Provincial de un delito de administración desleal que, en el momento de presentar los escritos de defensa, puedan “avenirse a una conformidad” para conseguir penas de cárcel más bajas, y para que se pueda “restituir el patrimonio de la entidad, que no se ejecuten las hipotecas y se anulen todos sus efectos jurídicos”. López Villa aseguró que el delito está muy claro, por lo tanto, evitar “una sentencia duramente condenatoria está totalmente en sus manos”.

Para el abogado de Izquierda Unida, tal y como se desprende del auto de la Audiencia, hay razones más que suficientes para pedir en el escrito de acusaciones las penas más altas para el delito de administración desleal, de ocho años de cárcel por superar “de forma holgada los 250.000 euros previstos en el mayor de los agravantes”.

El objetivo de la formación política no es tanto conseguir una condena para los exconsejeros como conseguir la recuperación del Torreón de Lozoya y el resto de inmuebles de la entidad sobre los que pesa una hipoteca de casi 7 millones de euros. “Si se considera que la toma del acuerdo es un delito, si se recoge así en una sentencia, esa hipoteca quedaría anulada y todos sus efectos jurídicos. La responsabilidad civil consistirá en pedir que se anulen todo lo que cueste las cancelaciones y el efecto de esta sentencia a cargo del condenado”. El objetivo es evitar, “a toda costa”, que estos inmuebles puedan pasar a manos de Bankia, “que hoy puede estar intervenida y mañana en manos de capital extranjero, perfectamente”, explicó el abogado de Izquierda Unida.

Todos la misma responsabilidad

En opinión de López Villa, la Audiencia de Segovia ve claro el papel jugado por los exconsejeros de Caja Segovia en la comisión del delito de administración desleal, y tienen todas las papeletas para que este auto sea igual que el resultado final del juicio oral. No actuaron conforme al papel que debe desempeñar un consejero, que es de “especial exigencia”.

El auto desbarajusta el argumento dado por varios exconsejeros que llevaron el caso a los tribunales, que saca del procedimiento el exdirector general de Caja Segovia, Fernando Tapia, al que acusaron de falsedad documental. “Queda descartado y los consejeros denunciantes se están viendo implicados porque lo que se investiga ahora no tiene nada que ver con la denuncia inicial de falsedad de documental que no hay por ningún lado”.

Para el letrado de Izquierda Unida, la Audiencia entiende “con criterio acertado” que todos tendrán la misma responsabilidad en este asunto, “supieran más o supieran menos”, porque no actuaron correctamente, al no cerciorarse de la importancia de lo que estaban votando en el acuerdo. “Son cantidades muy abultadas y no pueden escudarse en falta de información”.