La Federación Empresarial Segoviana (FES) y la Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Segovia (CEAT-Segovia) expresan su descontento por la subida de las cotizaciones empresariales aprobadas por el Gobierno recientemente, una medida que se orienta en el sentido contrario al demandado por las organizaciones empresariales y a los compromisos que el propio Ejecutivo ha trasladado a éstas en numerosas ocasiones.
Dicha subida afectará sobre todo a pequeñas empresas y a autónomos, es decir, la inmensa mayoría del tejido empresarial de la provincia, y viene a dificultar la incipiente recuperación económica que todos los analistas vaticinan. Mayores cotizaciones que se suman a la elevada carga fiscal que ya soportan las empresas, de las más elevadas del entorno, a un largo periodo de tiempo con una grave caída de actividad y a otros incrementos en los costes fijos como el de la luz.
Lejos de aportar, estas medidas empeoran la competitividad de las empresas, frenan la vuelta a la generación de empleo y desaniman a los empresarios.
Según el análisis realizado por CEPYME, los incrementos aprobados contemplan subir un 2% la base mínima de cotización para los autónomos. Es decir, se pasa de los 858,60 euros de base mínima a los 875,70 euros. Esto significa que la cuota mínima mensual de 256,72 euros sube a 261,83 euros. Además, sube un 5% la base máxima de cotización, también para los autónomos, por lo que se eleva de 3.425,70 euros a los 3.597,00 euros.
En cuanto a los autónomos societarios y para los autónomos con más de 10 trabajadores, la base mínima de cotización se eleva hasta los 1.051,50 euros, por lo que la cotización mínima mensual sube desde los 256,72 euros a 313,34 euros; es decir, un dramático incremento del 22%.
También, y en general, tanto empresas como autónomos y trabajadores cotizarán desde este mes de enero por conceptos hasta ahora excluidos, como son el plus de transporte, los cheques comida o determinados gastos de manutención, entre otros. A estos cuatro puntos se suman, además, otras dos medidas adoptadas por el Gobierno en diciembre pasado, que también empeoran el marco legal para las pymes.
Se trata, por un lado, de la supresión de la cobertura del FOGASA en caso de extinciones de contratos por causas objetivas, en empresas de menos de 25 trabajadores. Esta medida elimina uno de los criterios de solidaridad impulsados por los agentes económicos y sociales, cuyo principal objetivo era colaborar con las pequeñas empresas para que pudieran adaptar sus plantillas en momentos de dificultad y siempre por causas objetivas.
