El Ministerio de Vivienda ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación del Teatro Cervantes de Segovia, situado en el centro de la ciudad y que se encuentra paralizado por un litigio que mantiene el Ayuntamiento con la Junta de Castilla y León y que según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, “estaría finalizado en un plazo de 4 meses sin intenciones de que existan demoras por parte del Ministerio de Vivienda”.

La empresa adjudicataria es la UTE formada por Javier Fuster Arquitectos S.L.P. y Héctor Miguel León-Rosa Muñoz Ávila, con un importe de 280.187,67 euros. La empresa se encargará de los servicios del estudio integral, redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto acústico y su seguimiento en obra, asesoramiento del equipamiento y adecuación escénicos y dirección facultativa y actuaciones preceptivas en materia de seguridad y salud de las obras de rehabilitación del teatro.

Según informó la subdelegada del Gobierno en Segovia, María Teresa Rodrigo, “con este paso el Gobierno de España continúa cumpliendo sus compromisos con Segovia y su patrimonio”.

La selección de la empresa se ha hecho después de que presentaran sus ofertas cuatro utes. Se trata de las integradas por Ignacio Mendaro Corsini y NYJ Hevia Arquitectos SLP; Fernández del Castillo Arquitectos y José Antonio Santos García; Francisco Javier Fuster Galiana, Héctor Miguel León López y Rosana Muñoz Ávila; y Argola SLP; Alberto Gómez Noguerales y Antonio López Arazola. Todas tuvieron que ofrecer un máximo de licitación de 329.632,55 euros y deben realizar el proyecto en un plazo de cuatro meses para redactar el proyecto de ejecución.

Una vez que el proyecto pase el filtro de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta y sea aprobado por el pleno del Ayuntamiento, el Ministerio licitará a principios de verano próximo la ejecución de las obras.

 

¿En qué consiste este proyecto?

El presente proyecto tiene por objeto la definición actual del estado de las obras de rehabilitación del Teatro, el análisis técnico de su influencia en el entorno y la propuesta de las obras restantes para la consolidación estructural restante en la base de la Muralla, la ejecución de la estructura portante, solución de cubierta y muros exteriores del mismo.

A expensas de la concreción que aporte el proyecto, el presupuesto estimado de las obras de rehabilitación del Teatro Cervantes, que será financiado por el Ministerio de Vivienda, asciende a 3,7 millones de euros. Una vez rehabilitado, el Teatro contará con un aforo de alrededor de 700 plazas distribuidas en un patio de butacas y tres plantas de palcos. Se estima una superficie construida total de 2.667 m2.

La actuación se inscribe en el programa de recuperación de Teatros Históricos que desarrolla el Ministerio de Vivienda.

El edificio se levanta sobre el antiguo patio de la conocida Casa de Picos. Según crónicas de la época, el Círculo Mercantil e Industrial de Segovia estableció su sede en este edificio y en 1922 inició la construcción del Teatro.

El edificio responde a la tipología de teatro clásico a la italiana. Presenta la particularidad de que el patio de butacas es de planta rectangular; una configuración que le dota de un notable significado arquitectónico. El arquitecto utilizó la planta baja de la Casa de los Picos para situar la entrada al Teatro, y parte del patio de la misma para ubicar la sala de butacas y escenario.

 

Un teatro con polémicas

La polémica en torno a las obras del Teatro Cervantes se mantiene desde hace cuatro años, después de que en marzo de 2006 la Junta de Castilla y León decidiese paralizar las obras que el Ayuntamiento estaba ejecutando, por entender que las obras excedían en volumen y altura el proyecto aprobado por la comisión de Patrimonio, con la instalación de unas cerchas metálicas visibles desde numerosos puntos de la ciudad.

Tras varios informes técnicos, discrepancias, enfrentamientos públicos entre representantes municipales y autonómicos, y la exigencia de presentación de nuevos proyectos que se adecuasen a la normativa, la Junta imponía al Ayuntamiento una multa de 59.000 euros, que el Ayuntamiento recurrió sin éxito ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

DEJA UNA RESPUESTA