El porcentaje de contenidos educativos dependientes del Gobierno central pasará del 55 y del 65 por ciento actual, a un 65 o 75 por ciento, respectivamente, dependiendo de si las comunidades autónomas tienen lengua cooficial o no. Así lo refleja el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobado este viernes en la reunión del Consejo de Ministros, que elimina la Selectividad e implantará un sistema de evaluaciones externas y estandarizadas al final de cada etapa académica, además de en tercero de Primaria.

En su intervención, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, explicó que residirá en el Estado la capacidad de fijar el citado porcentaje de contenidos, los sistemas de “evaluación externa” y “las competencias básicas”. Las comunidades autónomas, por su parte, tendrán capacidad para fijar el porcentaje restante del currículum y establecer “las directrices pedagógicas”, y los centros podrán decidir sobre “su propuesta educativa concreta”.

“España es el país con peores resultados de la Unión Europea en cuanto a diferencias educativas entre regiones según, Pisa”, manifestó Wert, que añadió: “Hemos recibido una llamada de atención en este sentido”. A su juicio, “aumentar la proporción de horario que se define desde el Estado y residenciar en él el sistema de evaluación” supondrá “más equidad y mayor eficiencia del sistema”, pues “garantizará” el refuerzo de materias instrumentales (Lengua, Matemáticas y Ciencias) que la Lomce persigue.

Wert negó que esto signifique una “recentralización”, pues aseguró que esta norma “no supone privar de las competencias de gestión a las comunidades autónomas”. Indicó que “la participación” de las autonomías “es esencial para el éxito” de esta reforma.

De hecho, el anteproyecto de ley se someterá a una ronda de consultas con la comunidad educativa y varios organismos institucionales, entre los que figura la Conferencia Sectorial del ramo.

Cambios

El anteproyecto fija un sistema de evaluaciones externas y estandarizadas al final de cada etapa académica. Dado que para obtener un título en Secundaria y en Bachillerato será necesario superar dichas evaluaciones, la prueba de Selectividad para acceder a la universidad “desaparecerá seguramente”, lo que no implica que las universidades no puedan establecer sus propios exámenes de acceso. Así lo aseguró el ministro de Educación, quien fijó el coste asociado a la nueva ley en unos 300 millones de euros a partir de 2016.

Según Wert, la norma no “tiene ningún gasto de implantación”, pues al disminuir el número de asignaturas que se imparten en cada etapa quedarán libres más profesores para asumir el aumento de horas en “materias instrumentales” que el anteproyecto propone. Uno de los principales objetivos de esta reforma “es combatir la elevada tasa de abandono escolar temprando (que en España llega al 26,5 por ciento) e incrementar el número de alumnos en Formación Profesional de Grado Medio y Superior”. Por ello, sostuvo que “los costes de consolidación de la ley deberán calcularse en función de los distintos escenarios de éxito que consigamos”.

Las plazas de FP de Grado medio y Superior “tienen un coste mucho mayor que las de Bachillerato”, prosiguió, con lo que “la Memoria Económica contempla varios escenarios de consolidación, con un gasto base en torno a los 300 millones de euros” que en todo caso solo se verificaría a partir de 2016.

 

Modernizar la FP

A fin de atraer a más alumnos y de facilitar el tránsito desde la FP de Grado Medio a la superior, se reforzarán estos estudios con “asignaturas de contenido más académico, aunque de carácter aplicado, que se deberán cursar en horario extraescolar”. No serán obligatorias para titular, pero sí se deberán aprobar de cara a acceder a la siguiente etapa.

Otro de los cambios previstos en el anteproyecto de ley se refiere a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que pasarán a denominarse “ciclos de Formación Profesional Básica” y comprenderán dos cursos obligatorios (hasta ahora, el último era optativo). Además, se podrá ingresar en ellos a una edad más temprana y se “equilibrará la carga entre materias prácticas (hasta ahora mayoritarias en el primer año) y más teóricas (que se concentraban en el segundo curso)”.

Asimismo, la reforma recoge la ya anunciada conversión de cuarto de ESO en “un curso de iniciación con dos itinerarios (uno con asignaturas de carácter más académico dirigido hacia el Bachillerato y otro con materias más prácticas para quienes deseen estudiar Formación Profesional), y la introducción de asignaturas optativas en 3º de la ESO “más teóricas o aplicadas”, a fin de ir tanteando dicha posibilidad”.

Finalmente, la nueva norma prevé la ampliación de horas dedicadas a materias instrumentales (lengua, Matemáticas, Ciencias), que traerá como resultado la desaparición de ‘Conocimiento del Medio’ y la recuperación de las antiguas ‘Naturales y Sociales’ en Primaria.

Con todo, la “compactación de materias” más importante tendrá lugar en Bachillerato, que de las nuevas vías posibles en la actualidad pasará a cinco modalidades: Ciencias de la Ingeniería, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.

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