El exdirector de Recursos Humanos de Caja Segovia, Enrique Quintanilla, declaró hoy ante el juez que la entidad financiera externalizó el pago de las prejubilaciones en una compañía de Seguros (Caser) “para garantizar la liquidez y el cumplimiento de los compromisos”, “con total transparencia” y “sin ningún tipo de objeción” por parte del Banco de España, la Junta o los auditores. Aunque para el abogado de UPyD, una de las acusaciones, con tal afirmación “se demuestra” que los directivos “antepusieron sus intereses a los de la caja para poder cobrar a toda costa”, ya que aquel acuerdo se firmó “sólo unos meses antes” de firmar la integración en Bankia.

Quintanilla prestó declaración como imputado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, cuyo titular lleva la causa abierta por los más de 34 millones de euros que, según UPyD, han recibido o recibirán ocho directivos de la extinta Caja Segovia; entre ellos el propio exdirector de Recursos Humanos, a quien según esta formación le corresponderían unos 2,6 millones de la cantidad citada. Estaba citado a las 11 horas y entró en el edificio de los juzgados minutos antes por la puerta principal; la misma por la que salió algo más de una hora después, aunque sin hacer declaraciones a la prensa.

Ante el juez respondió a las preguntas de las defensas y el Ministerio Fiscal, pero se negó a hacer lo propio con las de las acusaciones “porque considera que no persiguen una finalidad legítima ni razonable”, señaló Joaquín Rodríguez-Miguel Ramos, uno de los letrados que representan a los directivos y consejeros imputados. En cuanto a su declaración, “fue en consonancia con el resto de directivos” que declararon en enero.

Según resumió el abogado, en declaraciones a la prensa recogidas por Ical, Quintanilla subrayó ante el juez que el sistema de prejubilaciones de Caja Segovia data de 1996: “Con ese régimen se han prejubilado muchas personas, tanto empleados como directivos. La modificación que se produce en 2006 en relación con los directivos obedece exclusivamente al interés de Caja Segovia, para evitar que se produjera una prejubilación masiva, ya que todos cumplían las condiciones y requisitos y se podrían haber ido la práctica totalidad”.

En este sentido, reiteró que “todas las decisiones” de Caja Segovia en materia de prejubilaciones y retribuciones “se adoptaron con total transparencia”, ya que “eran conocidas por los auditores, el Banco de España y la Junta”, y “jamás hubo ningún tipo de objeción o llamada de atención” al respecto. Y en cuanto a las pólizas contratadas con Caser, Quintanilla aseguró que “respondían exclusivamente a garantizar la liquidez y el cumplimiento de los compromisos”, no para incrementar las prejubilaciones.

Rodríguez-Miguel insistió por ello en defender que, más allá de cuestiones éticas o morales, “no existe ningún problema de naturaleza penal” que depurar en este proceso. Aunque la opinión de las acusaciones sigue siendo muy diferente, ya que advierten de posibles delitos de administración desleal o fraudulenta.

 

Herzog: “Querían cobrar a toda costa”

El abogado de UPyD, Andrés Herzog, se refirió a la declaración de Quintanilla como “bastante decepcionante” porque, “para empezar, se ha negado a responder las preguntas de las acusaciones”, aunque “se puede destacar que ha reconocido que la externalización de las prejubilaciones tenía como fin garantizar la liquidez, o evitar riesgos de liquidez”, matizó. “Quintanilla da a entender que efectivamente se decidió externalizar las pólizas a Caser porque había riesgo de que Caja Segovia no pudiera llegar a pagarlas, lo cual en mi opinión demuestra que antepusieron sus intereses personales a los de la caja, para poder cobrar a toda costa las millonarias prejubilaciones”.

El también responsable político del área de Justicia de la formación magenta consideró que la “cuestión principal” de este caso es “por qué se aceleraron las dotaciones al plan de prejubilación”. En concreto, “por qué se flexibilizaron” las condiciones de acceso a éste con diversas modificaciones (en 2008 y 2010) aprobadas por los miembros del Consejo de Administración, “a los que hacían regalos, como cursos de formación viajando por todo el mundo con todos los gastos pagados, para tenerles contentos y que hicieran pocas preguntas”.

“En 2008 hay un cambio importante, cuando por primera vez ya tienen una idea de que es posible que se llegue a una integración; y en diciembre de 2010 se produce la barra libre de prejubilaciones, cuando ya se ha firmado el contrato de integración en Bankia”, relató Herzog. “La externalización se produce meses antes, y como el mismo director de Recursos Humanos ha dicho, era para evitar el riesgo de liquidez, es decir, para cobrar a toda costa, que hubiera dinero en la caja cuando fueran a cobrar”.

“El tema es bastante técnico, y se escudan (Quintanilla y el resto de directivos) en la complejidad técnica del sistema para presentarlo casi como un sacrificio, que es lo más increíble”, continuó resumiendo el abogado de UPyD. “Transmiten la idea de que el comité de dirección tenía un sistema de prejubilación peor que el resto de la plantilla, ¿pero entonces para qué lo aceleraron?”. Además, Herzog afirmó que el exresponsable de personal de Caja Segovia “se ha presentado ante el juez como subordinado del director general”, es decir, que “cumplía sus órdenes”.

Por otro lado, “una constante de todo el procedimiento es que no cuadra ninguna cifra”, dijo Herzog en referencia a las que facilitan Caja Segovia, Caser o el Banco de España. “Importantes variaciones” que, en su opinión, “haría necesaria” la elaboración de un informe pericial que aclarase de manera objetiva “cuáles fueron las dotaciones, el importe que se ha cobrado, etcétera”. Y al mismo tiempo, que ese mismo perito (UPyD baraja solicitar su intervención de manera formal al juez) determine si el sistema se modificó para que los directivos tuvieran “unas jubilaciones privilegiadas respecto al resto de la plantilla”.

 

Más declaraciones

Herzog recordó que todavía no han sido citados los miembros del Consejo de Administración que participaron en los acuerdos aprobados en 2008 y 2010, pero insistió en que su llamada como imputados “está acordada, aunque todavía no se haya fijado una fecha”. Así, tras haber declarado en sede judicial los miembros del comité de retribuciones, responsables de auditorías y otros cargos de dirección de Caja Segovia, el siguiente paso en el proceso sería la declaración de los consejeros.

Según la petición que cursó el Ministerio Fiscal el 31 de octubre, los siguientes en declarar serían, por este orden: Miguel Ángel Vicente Martín (vicepresidente de la Diputación de Segovia), Fernando Aceves González, Eduardo Pastor, Pedro Arahuetes García (exalcalde de Segovia), Manuel Berzal Lobo, Bonifacio García de Frutos, Fidel García Fernández, José Pablo Lozoya Martín, María Concepción Monte de la Cruz, José Pedro Palomo Hernángomez (presidente de la Cámara y la Federación Empresarial Segoviana), Juan Manuel de la Puente Clemente, José Luis Sanz Merino (diputado provincial del PP), Javier Vicente Santamaría Herranz (senador del PP) y Juan José Sanz Vitorio (portavoz adjunto del PP en las Cortes), si bien los dos últimos, advierte la Fiscalía, tienen la condición de aforados por ser parlamentarios autonómico y nacional.

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