La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a dos años de cárcel a una trabajadora de la oficina del Registro de la Propiedad de Riaza como autora “criminalmente responsable” de un delito continuado de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Durante cinco años, tramitó cerca de 70 expedientes de forma irregular o anómala. La sentencia no es firme, y se puede interponer recurso de apelación, ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La acusada trabajó, entre 2004 y 2009, como oficial primera en la oficina liquidadora del Registro de la Propiedad de Riaza. Durante estos años, exigió a varios particulares la entrega de “diferentes cantidades de dinero en metálico”, por las cartas de pago de las operaciones que se iban a inscribir, generalmente compraventas.
Se trataba de una actividad totalmente ilegal, ya que la ley exige a los particulares que ingresen primero las cantidades en cuentas restringidas y establecidas, para acudir posteriormente con el justificante de pago al Registro de la Propiedad para su inscripción.
Según recoge la sentencia, queda probado que la acusada para dar apariencia de legalidad a la operación tenía varios procedimientos. El primero era colocar en el modelo de la autoliquidación una pegatina distinta de la que correspondía, normalmente un expediente registral liquidado de forma legal, o bien, una pegatina en blanco.
Otra opción era no registrar este expediente en el programa GUIA del Registro, y, en tercer lugar, podía optar por hacer coincidir el sujeto pasivo de la carta de pago con los expedientes, sin ningún tipo de validación mecánica, e incluso, en ocasiones, en la carta de pago hacía figurar validaciones de pago irreconocibles e inidentificables.
En total, durante cinco años, tramitó 67 expedientes anómalos o irregulares, con una cuota tributaria de 134.703 euros. La sentencia de la Audiencia Provincial señala que se ha procedido a la regularización de todos ellos, con el abono de las cantidades por parte de la acusada. Además, recoge que el procedimiento penal, derivado de estos hechos, se incoó el 13 de noviembre de 2009, “habiendo estado paralizado sin causa justificada durante varios períodos a lo largo de la instrucción sumarial”.
También autoriza, entregar a la Dirección General de Tributos de la Junta de Castilla y León, los más de 38.600 euros en concepto de expedientes registrales pendientes de regularización.
El magistrado tuvo en cuenta la reparación del daño como atenuante. Además de los dos años de prisión, se le condena a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación absoluta por tiempo de dos años, y, al pago de las costas procesales.
