Las Cortes de Castilla y León aprobaron, con la abstención de 41 procuradores del Grupo Popular, tomar en consideración la proposición de la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad, que promovieron el resto de grupos de la oposición. No obstante, los ‘populares’ pedirán la prórroga del plazo de presentación de enmiendas hasta que se apruebe una regulación estatal.

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, votó con la oposición a favor de la toma en consideración “por error”, según fuentes parlamentarias, mientras que los ‘populares’ se abstuvieron ante la atenta mirada de los representantes de las organiaciones LGTBI+ (lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales, intersexuales y otras personas), que siguieron el debate en el pleno de las Cortes desde la tribuna de invitados. Un sonoro y continuado aplauso celebró, pese a las advertencias, que la propuesta legislativa inicie su tramitación en el Parlamento.

El texto, promovido por los grupos Socialista, Podemos, Ciudadanos y Mixto, tendrá que esperar a que se apruebe una norma estatal para poder ver la luz, como reiteró el ‘popular’ Jesús Alonso Romero, quien tomó la palabra para explicar la abstención del Grupo formado por 42 procuradores, si bien Silvia Clemente, procuradora por Segovia, apoyó la toma en consideración junto al resto de la oposición.

El parlamentario ‘popular’ expresó que el PP es partidario de la aprobación de una norma autonómica cuando se haya aprobado la norma estatal para acabar con la discriminación. Además, expresó el compromiso “inequívoco” con los valores de la Constitución y la protección de todas las personas, de sus derechos y “de sus libertades”.

Por ello, pidió “pocas bromas” en este asunto y recordó que se debate en el Congreso de los Diputados un proyecto legislativo similar al promovido en Castilla y León por lo que insistió en que lo más “lógico” y razonable es esperar a contar con una norma estatal.

Además, Jesús Alonso Romero indicó que existe un informe de los servicios jurídicos del Congreso que dice que hay 23 artículos de la ley estatal que pueden vulnerar la Constitución, por cuestionar libertades básicas y atentar contra derechos de otras personas. Por ello, lamentó que los grupos de las Cortes tengan la “poca precaución” de presentar un texto sin tener en cuenta estas consideraciones.

Por el contrario, la socialista Ana Agudíez se mostró orgullosa de poder defender la “urgente” necesidad de contar con una norma de este tipo. Para ello, expresó el mensaje de su sobrino Alex, que nació como Amanda, y que lamenta que mientras los cambios se suceden en el cuerpo, la administración no actúe. Consideró que no se puede permitir que se discrimine por esta cuestión y pidió legislar para garantizar la igualdad real. “Estamos hablando de dignidad”, dijo y, añadió, de “políticas públicas”.

También, la procuradora de Podemos Josefa Rodríguez Tobal confió en que el PP asuma su compromiso con el colectivo a través de una ley conensuada con las personas que lo reclaman. Pidió acabar con la discriminación y lamentó que Castilla y León que sea la única que no tiene una ley vigente o en trámite de este tipo. En su opinión se produjo una “falta de voluntad” de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.

La parlamentaria de Ciudadanos Belén Rosado destacó que las organizaciones mostraron el “camino” a los grupos y lamentó que desde hace años hayan estado chocando contra un muro que ha impedido hasta hoy que llegue el debate de la proposición a la cámara. Entre todo, dijo, van a contruir el “sueño” de ser “libres”. “Ese el año ideal para que esta ley esté aprobada”, dijo por el 40 aniversario de la Constitución y el 35, del Estatuto de Autonomía, y para que Castilla y León deje de ser una “isla”.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, reconoció la “victoria” y el “éxito” que suponen los avances en la libertad sexual, pero admitió que queda “mucho por hacer” y consideró que Castilla y León no puede seguir sin una norma que reconozca los derechos del colectivo, un símbolo a su juicio de madurez democrática de la sociedad. Además, afeó que la Junta no haya presentado el texto, tras reuniones y contactos con las organizaciones.