Conscientes de la lacra que supone para la profesión el incremento del número de agresiones a personal sanitario en los últimos años, los responsables del Colegio de Médicos y de su Fundación Científica han querido celebrar en este 2018 unas jornadas teórico prácticas que daban comienzo el 4 de abril con la ponencia ‘Asesoramiento jurídico de los Colegios Oficiales de Médicos y Enfermería en los casos de agresión’ y que continuaban el miércoles con una conferencia impartida por los interlocutores para combatir las agresiones en el ámbito sanitario de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Juan Vaquero Plaza y José Ramón Martín Ortega, y con la fiscal Inmaculada Martínez García, quien compartió las actuaciones a seguir por la Justicia en estos casos.

De este modo, tras una pequeña presentación de los invitados por parte de Enrique Guilabert, presidente del Colegio de Médicos de Segovia, y de Jesús Balbás, quienes recordaron la importancia de la denuncia y condenaron cualquier caso de violencia física o verbal al que se ve sometido el personal sanitario y de manera especial los médicos, los asistentes pudieron conocer de primera mano cómo ha cambiado y mejorado la situación a raíz de la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la Salud y cómo desde octubre del año pasado está en marcha un protocolo que ha supuesto un paso adelante en la planificación. “Había un desfase de datos bastante grande”, explicaba el inspector Juan Vaquero Plaza, quien expuso que el sistema se ha estructurado de tal forma que exista un interlocutor policial nacional sanitario y 55 interlocutores territoriales que velen por la seguridad de los profesionales de la Sanidad. Para completar la comunicación, al interlocutor policial se suma el de la Guardia Civil, que en Segovia es el capitán de Policía Judicial, el ya mencionado José Ramón Martín Ortega, y el director de Atención Primaria, el doctor Alfredo Maín, quien ejerce de interlocutor sanitario.

Entre los pasos dados y por dar en los próximos meses hacia una mejora de la situación, tanto Vaquero Plaza como Martín Ortega hacían referencia a reuniones de seguimiento del funcionamiento del protocolo, actividades formativas centradas en la contención verbal, análisis de los datos estadísticos o la creación de un pormenorizado catálogo de los centros médicos que ejerza de documento vivo para generar unas pautas de actuación cada cierto tiempo. “Hemos establecido un canal importante a nivel de comunicación de incidentes”, señalaba José Ramón Martín Ortega, quien añadía que “la delincuencia está globalizada, los delincuentes están por todos sitios y el Plan de Protección a Profesionales de la Salud también tiene el objetivo de trasladar al profesional por dónde le pueden venir los problemas”.

Ambos ponentes, además, hacían alusión a la importancia de la concienciación de la denuncia como aporte de información y reconocían, no obstante, que en la provincia de Segovia se trabaja “con unos porcentajes mínimos y no graves” comparados con otros puntos geográficos y también que “tristemente el género es significativo; el agresor suele sentirse más seguro frente a una mujer joven”. Aunque los datos concretos de agresiones en Segovia durante el último año no están aún disponibles, el inspector de la Policía Nacional apuntaba que desde el mes de octubre en la capital ha habido tres delitos denunciados, uno en 2017 y dos en 2018, de injurias y de atentado.

Precisamente, y por último durante la tarde del miércoles, la fiscal Inmaculada Martínez centró su intervención en la evolución experimentada por la tipificación del delito de atentado, en el que ya está plenamente incluido el personal sanitario público. Inmaculada Martínez reveló las dudas que generó el concepto durante mucho tiempo y cómo la Consulta 2/2008 del Fiscal General del Estado aclaró muchas de ellas. “Es verdad que en Segovia tenemos muy pocas agresiones; las pocas que hay, se dan esencialmente en Atención Primaria, Urgencias y la Unidad de Psiquiatría”, indicaba la fiscal, quien recordaba que fuera del delito de atentado los profesionales sanitarios pueden ampararse en el delito de amenazas, en el derecho al honor o en la protección que ofrece el delito de injurias y el delito de calumnias, especialmente para casos dados a través de las Redes Sociales, un ámbito en el que el panorama ha cambiado de manera significante en los últimos años.

Estas jornadas convocadas por el Colegio de Médicos de Segovia para sus colegiados continuarán con las conferencias ‘Demografía de las agresiones en el Servicio de Salud de Castilla y León’ y ‘Cómo gestionar una situación de conflicto en la consulta’ el día 2 de mayo, y con la ponencia ‘Seguridad del Personal Sanitario en consulta y en atentados’ el próximo 16 de mayo.