Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León exime al Ayuntamiento de Segovia de tener que derribar la casa de la calle de La Parra, según informó hoy la alcaldesa, Clara Luquero, que además indicó que el Consitorio no tendrá que asumir los costes y no deberá afrontar las indemnizaciones, que “hubieran sido millonarias”, a los titulares del edificio.

Luquero explicó que era una noticia esperada porque en un auto anterior el juez ya mostró el camino, al indicar en su argumentación que el asunto se tramitase por “inejecución de sentencia”. Este nuevo auto del TSJ confirma, pues, la imposibilidad de ejecutar la sentencia que obligaba a la legalización o el derribo de edificio, tras la aprobación por parte del Plan Especial que ordena el entorno del edificio. Informa ICAL

“Es un momento de satisfacción porque se resuelve un problema municipal”, que coleaba desde la década de los 90. La alcaldesa incidió en que no habrá derribo de la casa pero y que el auto reconoce que “se cometió un error en el otorgamiento de la licencia por parte de un gobierno del Partido Popular”.

Luquero, sin querer entrar en especulaciones, dijo que con las solicitudes de los propietarios por un fallo en la concesión de la licencia “el Ayuntamiento habría tenido que responder con indemnizaciones que habrían sido millonarias”. Un tema que, para ella, “era de los preocupantes para el gobierno municipal”.

La alcaldesa de Segovia no entró a valorar la postura que ha tenido durante este tiempo el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que ha recurrido a los tribunales y exigido el cumplimiento de la sentencia de derribo. Luquero afirmó que estaría de acuerdo si “el error lo fueran a pagar los que lo habían cometido pero nunca los segovianos”. Como alcaldesa siempre le movió “luchar contra viento y marea, con los medios legales a su alcance, por los intereses de los segovianos”.

Una construcción ilegal

Por su parte, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Galindo, explicó que aún no han tenido tiempo de leer con detalle el auto y no sabe si van o no a recurrir. No obstante, para Galindo, el TSJ sí les da la razón en su argumento de que “no se podría construir en esa zona” y, por lo tanto, que “la licencia estaba concedida de forma ilegal”.

Además, dijo que seguirán luchando para que no “salgan impunes” aquellos que se saltan la legalidad para “obtener beneficios personales o económicos”. El portavoz de Izquierda Unida, explicó que el auto sí deja la puerta abierta a “indemnizar a aquellos que denunciaron esta ilegalidad en 1996”. Asimismo, lamentó que el resto de grupos se hayan “puesto del lado de los que han intentado incumplir la legalidad”.

El inmueble fue construido sobre un solar de una huerta en la calle de La Parra, en el recinto amurallado de Segovia, con una licencia concedida en 1993 por el gobierno del PP. Esta licencia fue declarada nula tres años después por el TSJCyL, que ordenó su derribo. Se inició así un largo litigio judicial que escribe su último episodio con este auto que declara “que no es posible la ejecución de la sentencia”, y el edificio no será derribado. Clara Luquero explicó que, según los asesores legales del consistorio, si hubiera recurso, es difícil que salga adelante.