El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, consideró “positiva” la orden que regula la prestación sanitaria para extranjeros en situación irregular, aprobada en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que establece un pago mensual de 59 euros.
A la salida de la reunión, el consejero destacó que esta nueva medida “permitirá que los inmigrantes irregulares que tengan cierta capacidad económica puedan adquirir el derecho a la asistencia sanitaria”. Según detalló, el Ministerio de Sanidad ha decidido regular la manera de adquirir el derecho a la atención sanitaria de acuerdo con la normativa de la UE.
“Las autoridades europeas han llamado la atención a España porque antes, sólo por el hecho de empadronarse, una persona inmigrante tenía derecho a la asistencia en España y en toda la Unión Europea”, añadió Sáez, señalando que las personas en situación irregular deben contribuir de igual manera que los españoles al sostenimiento del sistema sanitario.
En su opinión, la nueva orden, que se publicará próximamente, abre la vía para que algunas personas “puedan adquirir ese derecho y de paso les ayuda a regularizarse, porque lo atípico es que haya personas en situación irregular”. Según apuntó, algunas personas podrán asumir el coste impuesto por sanidad y otros, “los que no tienen recursos, se les podrá atender a través del mecanismo establecido para ello”.
El pleno dio luz verde al proyecto de Orden por la que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria para personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio completa así el paquete normativo iniciado con el Real Decreto que regula la condición de asegurado, aprobado el pasado 3 de agosto.
Los convenios podrán ser suscritos por españoles o extranjeros que no reúnan la condición de asegurado ni beneficiario. En concreto, estarán dirigidos a españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año, es decir, rentistas; a europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios para ser atendidos por el sistema sanitario público español; y, por último, a nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público.
El convenio especial dará acceso a las prestaciones de la cartera básica de servicios por el período de tiempo determinado. La contraprestación económica a abonar, según informó el Ministerio de Sanidad, será de 710,40 euros al año hasta los 65 años y de 1.864,80 para los mayores de esa edad.
La orden, además, establece el sistema de identificación clínica de los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública en el Sistema Nacional de Salud, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.
